El gobierno ingresó al Parlamento un proyecto de reforma constitucional para la cesación del cargo de autoridades por consumo de drogas y que, luego de una modificación, incluye al Presidente de la República.

La iniciativa, que fue ingresada mediante mensaje presidencial a la Cámara de Diputados, busca incorporar una causal de despido e incompatibilidad por detección de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas.

Como antecedentes de la iniciativa se señala que el artículo 8 de la Constitución consagra la transparencia y la probidad como principios rectores del ejercicio de la función pública y que dispone que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.

El proyecto, que había sido anunciado la semana pasada por el Presidente José Antonio Kast, establece la obligatoriedad de realizar exámenes al asumir funciones y de forma periódica durante el ejercicio del cargo, cuyos resultados serán públicos para las autoridades comprendidas en la reforma.

El envío del proyecto se produce en medio de la controversia luego de la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, a quien se le pidió su renuncia por dar positivo en un test de droga al que se sometió en junio.

El futuro de la exautoridad, hasta ahora, no está del todo clara. Esto, debido a que el abogado se ha sometido a otros exámenes de similares características en clínicas privadas y que han arrojado un resultado negativo. Todavía, eso sí, tiene pendiente la contramuestra del test original que derivó en su cesación, que de dar negativo le podría abrir nuevamente las puertas en el gobierno.

Desde La Moneda han transmitido que la reforma busca fortalecer los principios de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública, estableciendo un estándar común para las autoridades comprendidas en la reforma constitucional.

La medida sería aplicable al Presidente -cuando se anunció el proyecto no estaba incluido-, ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

También a secretarios regionales ministeriales, jefes superiores de servicios, magistrados de tribunales superiores de justicia, al fiscal nacional y fiscales regionales, al contralor general, comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, al general director de Carabineros, al director general de la PDI y al director nacional de Gendarmería.