Al Senado pasó esta tarde el proyecto que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en Chile, tras ser despachado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional.

Esto, luego de que la Cámara Baja aprobara esta jornada el segundo informe de la Comisión de Futuro, que contiene diversas enmiendas respecto a la redacción del primer documento emanado de la instancia legislativa.

La iniciativa -que regula y promueve el desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial (IA) en el país- había sido aprobada en general por la Sala aprobó el pasado 4 de agosto. En ese entonces, se presentó una indicación que obligó a un nuevo trámite en la citada comisión, la cual revisó cerca de cien indicaciones, que resultaron en diversas modificaciones al texto original.

Pese a esto, varios aspectos no lograron los votos necesarios para su aprobación, incluyendo la creación del Consejo Asesor Técnico de Inteligencia Artificial y la vía de fiscalización de la ley.

Nueva redacción

Uno de los cambios aprobados incorpora precisiones al objeto de la ley. En este sentido, se especifica que la norma busca regular los usos de los sistemas de inteligencia artificial. Para esto, “promoverá su creación, desarrollo, innovación e implementación”. La idea es proporcionar un marco normativo que vele por el desarrollo sostenible y ético de la IA al servicio de las personas, respetuoso de los principios democráticos y del Estado de Derecho.

También se encargó al Estado promover el uso, desarrollo de la IA y su infraestructura necesaria. Esto, velando por el cumplimiento del marco institucional y normativo de nuestro país.

Se mantuvo el ámbito de aplicación de la ley. Se destinará para proveedores e implementadores, nacionales y extranjeros. De igual modo, regirá para importadores y distribuidores nacionales, cuando se encuentren domiciliados en Chile. Excluye usos como defensa nacional, investigación previa a la comercialización y los componentes de código abierto no comercializados como productos de alto riesgo.

Otras enmiendas

Asimismo, se aprobaron enmiendas que apuntan a reforzar la privacidad y gobernanza de datos. Además, se amplió el rol del Consejo para la Transparencia, conforme a la Ley 20.285.

Adicionalmente, se estableció como obligación de transparencia que los operadores de sistemas de IA que generen contenidos sintéticos (audio, imagen, video o texto) los identifiquen como tales o se explicite que fueron objeto de manipulación de manera artificial.

Entre los elementos no aprobados -además de la creación del consejo asesor- se incluye la denuncia de incidentes por parte de cualquier persona; la fiscalización y cumplimiento de esta ley por parte de la Agencia de protección de Datos Personales (APDP), los espacios controlados de pruebas para la IA, el procedimiento administrativo sancionador, el procedimiento de reclamación judicial y la formulación de un reglamento que fije el listado de sistemas de IA de alto riesgo y limitado, entre otros contenidos.

Clasificación de riesgo

En el texto, se redefinió también la clasificación de riesgo para la IA, la que busca asegurar que las aplicaciones de esta tecnología se desarrollen y utilicen de manera segura y responsable.

Así, los riesgos se dividen en:

Inaceptable: prohibidos por atentar contra derechos fundamentales.

Alto: pueden afectar derechos si fallan o se usan indebidamente.

Limitado: riesgo no significativo de manipulación, engaño o error.

Sin riesgo evidente: los que no entran en las categorías anteriores.

En cuanto a los usos de riesgo inaceptable, se prohibió la “manipulación subliminal” mediante IA. Esto, en tanto induzca conductas dañinas o afecte la decisión informada de las personas. Esto, a salvedad de su utilización con fines terapéuticos, con consentimiento expreso de los involucrados.

Gobierno valora regulación

En la sesión de la Cámara, el ministro de Ciencias, Aldo Valle, agradeció la participación de los mocionantes y el trabajo de la Comisión de Futuro.

Sostuvo que este proyecto es producto de un extenso trabajo legislativo para llegar a un equilibrio indispensable para nuestro desarrollo. “Salvaguarda derechos fundamentales y es una palanca para nuestra economía y desarrollo productivo”, comentó.

Con todo, sostuvo que el marco regulatorio se sustenta en tres certezas: derechos fundamentales protegidos; innovación habilitada sin necesidad de autorización estatal previa alguna; y confianza pública para escalar inversiones y talento.