No habían pasado 72 horas desde que José Antonio Kast asumió como Presidente de la República, cuando debió hacer frente a la primera embestida de la oposición en su contra.

El sábado, el gobierno de Kast anunció el Plan de Reconstrucción Nacional. Paquete que, dentro de sus medidas, incluye ajustes a la gratuidad en la educación superior y fortalecer mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE). Rápidamente, en la izquierda advirtieron que se trataba de un retroceso en derechos sociales. En este caso, en educación.

La mayor ofensiva provino de la bancada de diputados del Partido Comunista (PC). Ayer, en conversación con La Tercera, la legisladora Daniela Serrano dijo que “el anuncio de proyecto de ley del gobierno no es un plan de reconstrucción nacional, es una reforma tributaria encubierta, que tiene grandes beneficiados: los más ricos de este país”.

“Mientras a los y las estudiantes se les amenaza con despojarlos de la gratuidad, nosotros y nosotras nos vamos a mantener en el Congreso para defender aquellas conquistas que el pueblo de Chile ya conquistó. De ser necesario, vamos a acudir al Tribunal Constitucional si el gobierno sigue prosperando con esta idea”, agregó Serrano.

Como ella, son varios los integrantes de la bancada los que se abren a recurrir al órgano jurisdiccional. Por ejemplo, el diputado Luis Cuello afirmó que “el recorte a la gratuidad anunciado constituye una discriminación arbitraria, que priva de un derecho conquistado por los chilenos. En los términos que se ha expresado, la limitación vulnera la igualdad ante la ley y por ello sería contrario a la Constitución. No aceptaremos retrocesos y defenderemos la gratuidad, si es necesario, en el Tribunal Constitucional, que puede examinar un proyecto de ley en trámite”.

“Llegó el momento de ejercer con fuerza nuestro rol fiscalizador frente a los anuncios del Presidente Kast y de sus ministros, sobre recortes a programas sociales y políticas públicas que podrían afectar directamente a las familias chilenas. Como bancada no descartamos recurrir al Tribunal Constitucional ni utilizar todas las herramientas institucionales que tenemos para frenar cualquier política regresiva. No vamos a permitir que se impongan decisiones que dañen a las personas sin el debido debate en el Congreso”, complementó la diputada Nathalie Castillo.

Por su parte, el diputado Marcos Barraza, quien debutó en el Congreso la semana pasada, afirmó: “Mientras las familias esperan certezas en reconstrucción y protección social, el gobierno ha advertido la existencia de un déficit fiscal y ha anunciado recortes por miles de millones de dólares (...). Es legítimo evaluar acudir al Tribunal Constitucional si se estima que el plan de reconstrucción u otras medidas vulneran derechos o debilitan la calidad de vida de las personas”.

“Como oposición responsable, vamos a fiscalizar con firmeza y utilizar todas las herramientas institucionales necesarias para resguardar la protección social, la estabilidad de las familias y un uso justo de los recursos públicos”, agregó Barraza.

La diputada de Acción Humanista Ana María Gazmuri, quien integra comité con el PC, sostuvo que “es parte fundamental de nuestro rol como representantes populares defender las conquistas logradas y utilizar todas las herramientas que nos otorga nuestro cargo para velar por aquello. Nuestro comité está evaluando acudir al Tribunal Constitucional”.

Esta no es la primera vez que en el PC amenazan a Kast con judicializar sus iniciativas. Esto ya ocurrió la semana pasada, luego de que el Presidente anunciara su intención de indultar a exfuncionarios de Carabineros y el Ejército que quedaron presos por delitos cometidos en contexto del estallido social.

En particular, desde la bancada del PC se amenazó a Kast y su gobierno de no solo acudir al Tribunal Constitucional, sino que también llegar hasta instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las otras colectividades de la oposición también alistan sus propias ofensivas. Cada uno lo hace por cuerdas separadas, pues, como quedó manifestado la semana pasada, hoy no existe una articulación entre las fuerzas de la izquierda y centroizquierda, pese a haberse reunido cinco días antes del cambio de mando en un cónclave que encabezó Gabriel Boric en La Moneda.

Esto fue resentido este domingo por Lautaro Carmona, timonel del PC que, en radio Nuevo Mundo, advirtió que, de seguir con la descoordinación, “vamos a dar espacio a una capacidad de gobernanza sin limitaciones”.

Por ahora, en el PPD organizaron un encuentro con el exministro de Economía y Energía de Boric, Álvaro García, para analizar el paquete de medidas de Kast, mientras que hay algunos socialistas que pretenden reunirse con Mario Marcel con el mismo objetivo.

“Estamos tratando de analizar. Hay que ver bien lo que se establece en el decreto. Obviamente vamos a recurrir a todos nuestros asesores y liderazgos que hemos tenido en materia de hacienda y economía. Obviamente vamos a tener una reunión con ellos para que nos den un apoyo y seamos capaces de responder con fundamento”, dice al respecto el jefe de bancada de los socialistas en la Cámara, Raúl Leiva.