A más de un año de que la autoridad de libre competencia de Perú abriera un procedimiento sancionatorio contra la filial de CMPC en ese mercado, Protisa, y Kimberly Clark Perú, por prácticas colusorias, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) finalmente sancionó, convirtiéndose en el primer país que emite un fallo contra el holding del grupo Matte respecto a la colusión del papel tissue.

El martes, la autoridad del país vecino dio a conocer su sentencia, y en 444 páginas aseguró que el cartel entre ambas empresas respecto a productos de papel tissue se realizó secretamente entre el 2005 y el 2014, a través de reuniones en salas de hoteles o cafés, entre gerentes generales y otros funcionarios de ambas empresas para determinar los incrementos de precios a realizar. Subrayó que en algunos casos, las alzas en los valores de productos fue superior al 20% durante el período mencionado. "Habiéndose demostrado que Kimberly Clark y Protisa incurrieron en una práctica colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo de fijación de precios y condiciones comerciales, corresponde determinar una sanción adecuada para cada una de las empresas infractoras", se lee en la sentencia.

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La Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi multó de esta forma a CMPC con 25,726.28 UIT o 104,2 millones de soles (unos US$32 millones), y con 42,385.14 UIT o 171,6 millones de soles (US$52 millones) a Kimberly Clark.

Está ultima, no obstante, quedaría exenta del pago de la multa, luego que se acogiera al llamado Programa de Clemencia (símil de la Delación Compensada chilena). CMPC, en tanto, al ser el segundo delator pagaría sólo el 50%, es decir, 52 millones de soles o US$16 millones. Si bien este último monto es el que queda al considerar el 50%, según la información aportada por el grupo -vía un comunicado publicado en su página web- el total que ellos estiman que deberían cancelar sería de US$13,5 millones.

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Más allá de lo anterior, la autoridad peruana también sancionó a ejecutivos de ambas compañías. En el caso de Kimberly Clark, la multa recayó sobre 10 ejecutivos de esa época que en total deberán pagar del orden de $147,9 millones.

En el caso de Protisa, la sanción afectó al ex gerente general de la filial Salvador Calvo -que deberá pagar unos $43,5 millones-; el gerente comercial de esa época Juan Francisco García ($26,9 millones); el en ese entonces gerente de Ventas Canal Tradicional, Hugo Chau ($9 millones), y el que ocupaba el cargo de gerente de Ventas Canal Moderno, Carlos Castillo, que deberá pagar unos $1,6 millones.

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La sanción interpuesta por la autoridad a las compañías, no quedará sólo en la multa. Según informó Indecopi, "ambas deberán desarrollar un programa de cumplimiento de las normas de libre competencia, para evitar que reincidan en estas prácticas", señala la resolución.

El programa de cumplimiento tendrá una duración de cinco años e implicará, entre otras acciones, que las empresas contraten capacitaciones anuales sobre la normativa de libre competencia para sus empleados y directivos, quienes deberán rendir un examen que evalúe su nivel de conocimiento sobre esta normativa.

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A lo anterior se sumará la contratación, por parte de cada empresa, de un Oficial de Cumplimiento encargado de facilitar la observancia de la normativa de libre competencia. Quien detente este cargo no deberá tener parentesco con los directivos de la empresa, ni haber sido representante legal o abogado de las firmas.

CMPC decide no apelar

"Protisa reconoce los hechos denunciados y no apelará a las conclusiones ni sanciones determinadas por el Indecopi, lo que implicará para la empresa una multa equivalente a US$13,5 millones". Así reaccionó el miércoles CMPC al conocer la resolución de la autoridad peruana. Según publicó la compañía en su web, no reclamarán la sanción, asegurando que: "La investigación llevada a cabo por el Indecopi se inscribe en el mismo y único proceso de investigación interna desarrollado por CMPC desde el primer momento en que el directorio de la empresa tomó conocimiento de indicios de irregularidades y que se tradujo en auto denuncias en Perú y Chile". Añadieron que: "La resolución del Indecopi implica el término definitivo del proceso que involucró a Protisa".

Dado ello reiteraron su "rechazo a las prácticas aludidas en el informe de Indecopi, las cuales fueron auto denunciadas por Protisa en cuanto su directorio tuvo conocimiento (...), prestando plena colaboración durante todo el proceso de investigación".