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La batalla de Carlos Slim en Colombia

Carlos Slim, el hombre más acaudalado del mundo, enfrenta en Colombia una demanda penal cuyo promotor es un solitario abogado que dice actuar “a título personal y por interés académico”. El litigante, identificado como Francisco Mateus Rodríguez, pretende llevar a la justicia al magnate mexicano si la compañía de telecomunicaciones Claro -filial de América Móvil, controlada por Slim- se niega a devolver a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), de propiedad pública, unos US$73 millones que le cobró por cargos de interconexión.

Ese, en realidad, es el menor de los problemas que afronta Slim en Colombia, porque aquí las deudas no son causa penal, pero es un síntoma de la guerra que protagoniza el conocido inversionista en este país y la cual involucra a sus competidores, a amplios sectores políticos y a líderes de opinión que cuestionan el dominio que ejerce la firma Claro en el mercado colombiano de las telecomunicaciones, donde concentra el 61,5% de los 48,6 millones de suscriptores de telefonía celular y el 80% del tráfico de llamadas.

La española Telefónica -que es líder en otros países de la región- tiene en Colombia el 24,7% de las líneas celulares, seguida de Tigo, propiedad de la europea Millicom, con el 13,0%, y las colombianas Uff (0,6%) y UNE (0,2%). Todas ellas han hecho causa común contra Claro y exigen a las autoridades hacer algo para evitar “el cuasi-monopolio” de la empresa de Slim en un país donde la penetración de la telefonía móvil asciende al 106% de la población.

La presión ha llevado a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), institución encargada de la normatividad del sector, a elaborar un paquete regulatorio que comenzó a instrumentarse desde el pasado 1 de febrero y el cual obliga a Claro a reducir en 50% las tarifas de interconexión que pagan el resto de operadores por ingresar a su red. Además, la firma de Slim deberá permitir a sus competidores el uso del roaming nacional, incluso en los sitios donde estos carezcan de infraestructura y, de manera paralela, será restringida la participación de la empresa en la subasta del espectro para la telefonía de cuarta generación (4G), que se realizará este año.

COMPETENCIA
El director ejecutivo de la CRC, Carlos Pablo Márquez, dijo a PULSO que las autoridades harán lo necesario para fomentar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y "con este conjunto de medidas buscamos que en el corto plazo tengamos una distribución más equitativa del mercado".

En 2009, la CRC resolvió que Claro ejerce una “posición dominante” en las comunicaciones móviles colombianas, lo cual le permite determinar las condiciones del mercado.

“Se tomaron medidas que no tuvieron un efecto contundente y hoy estamos viendo no sólo una alta concentración, sino que la calidad del servicio se ha venido deteriorando por parte del operador dominante (Claro), a pesar de sus amplias utilidades operativas”, dice Márquez.

Colombia es un país que representa para América Móvil su tercera fuente de ingresos en el mundo, después de México y Brasil, y en el cual ese consorcio de las telecomunicaciones obtuvo en 2012 un EBITDA (utilidad antes del impuestos, intereses, depreciación y amortización) de US$ 2.636 millones, equivalente al 46,6% de sus ingresos.

“Este es un porcentaje exorbitante que nos está indicando el grado de concentración que tiene Claro en Colombia. Aquí lo que tenemos es un monopolio”, afirma el senador del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), Jorge Enrique Robledo, quien promueve junto con legisladores de todos los partidos políticos una Ley Antimonopolio que será debatida en el Congreso bicameral en marzo, mes en que se inicia el periodo de sesiones 2013, y abril entrante.

La Ley Antimonopolio, que tiene como destinario a Slim y que prohibiría que una sola empresa tenga más del 30% de los ingresos en el mercado de telecomunicaciones móviles, tiene un respaldo transversal a nivel legislativo, pero el gobierno del presidente Juan Manuel Santos observa esa iniciativa con serias reservas.

De acuerdo con Márquez, el director ejecutivo de la CRC, el mejor camino para enfrentar la excesiva concentración de las telecomunicaciones es la regulación ya que una iniciativa antimonopolio como la que se discutirá en el Congreso puede desincentivar las inversiones en el sector y estancar su desarrollo.

Antes de que la Ley Antimonopolio genere consenso, el gobierno intenta que la vía regulatoria empareje más la cancha y aligere las presiones para meter en cintura a Claro, una empresa que está habituada a dar sus batallas en el ámbito jurídico con un ejército de abogados entre los que se encuentran los mejores de este país.

La primera medida que deberá aplicar Claro -a menos que logre atrasar su implementación mediante un nuevo recurso legal-administrativo- es reducir los cargos de interconexión al resto de los operadores.

La compañía de Slim “va a tener que pagar un poco más a los otros operadores (US$0,4 por minuto) por las terminación de sus llamadas en la red de ellos, y ellos pagarán un poco menos (US$0,2 por minuto) por la terminación de sus llamadas en la red dominante”, afirmó Márquez y explicó que esa medida regirá hasta 2015, cuando se igualarán los cargos de interconexión.

Claro interpuso el año anterior un recurso de reposición contra esa disposición regulatoria, lo cual pospuso su implementación.

También impugnó al antecesor de Márquez en la CRC, Carlos Andrés Rebellón, por haber sido asesor de la telefónica UNE, y este optó por separarse del cargo en octubre pasado.

¿MONOPOLIO?
El presidente de Claro en Colombia, Juan Carlos Archila, sostuvo que esa compañía ocupa un liderazgo en el mercado colombiano por su exitosa estrategia de negocios y por sus inversiones en el despliegue de la red celular más extensa del país y la única que cubre los 1.123 municipios.

El ejecutivo colombiano sostuvo que Claro ingresó a Colombia en 2000 -en ese entonces con las marcas Comcel y Telmex-, y “estábamos en igualdad de condiciones que nuestros competidores, pero hicimos inversiones muy fuertes, de más de US$4.000 millones; perdimos dinero durante muchos años, pero la apuesta a largo plazo nos dio resultados y hemos sido mejores que nuestros competidores”.

Para Archila, es preocupante “que regulatoriamente se busquen soluciones a temas de competencia y de libre mercado”.

“Es muy importante que se mantenga un ambiente de libre competencia y de imparcialidad”, sostuvo el presidente de Claro, quien rechazó las acusaciones de monopolio o cuasi-monopolio que formulan contra la empresa sectores políticos, analistas y el resto de los operadores. “Si uno pensara en un ambiente monopólico en las telecomunicaciones, no tendríamos en Colombia una de las tarifas más bajas de América Latina en telefonía celular”, aseguró.

Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés), el minuto de telefonía celular prepago en América Latina se ubica en US$0,35 en promedio, mientras que en Colombia asciende a US$0,24.

De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), en Colombia los precios de la canasta de consumo de telefonía celular básica bajan a un ritmo 50% menor que en el resto de Latinoamérica y el mundo.

POLÉMICA
El abogado y director del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Edgar González, aseguró que la posición dominante que tiene Claro en el sector "no hay por qué criticarla per se, porque está demostrando que usted es bueno en el mercado, pero sí importa mucho al órgano regulador controlar esa posición dominante para que no elimine la competencia;  ese es el gran peligro".

Para el economista y consultor en temas de competencia, Mauricio Cabrera, Claro “no ha hecho nada ilegal, sino que ha jugado de acuerdo a las reglas del mercado con una regulación muy débil, y ha sabido aprovechar vacíos de la legislación, pero esto lo ha llevado a una posición cuasi monopólica y los monopolios, privados o públicos, no son buenos para ningún país”.

En momentos en que Colombia se dispone a subastar el espectro para la telefonía 4G, que marcará un salto y abrirá un panorama de crecimiento exponencial a las telecomunicaciones móviles, diversos sectores han exigido al gobierno excluir a Claro de esa puja, a realizarse durante el primer semestre de este año, para evitar que la compañía del inversionista mexicano aumente su porción de mercado.

Los competidores de Slim -encabezados por su eterno rival en la región, Telefónica- han realizado un intenso lobby para dejar fuera de la subasta a Claro. En una decisión salomónica, el gobierno colombiano optó por permitir la participación de Claro en la licitación, pero con una restricción: sólo pondrá pujar por la banda de 2.500 megahertz (MHz), cuyo despliegue requiere inversiones 300% superiores a las bandas AWS (de 1.700 a 2.100 MHz), a las cuales podrán acceder el resto de los operadores.

Debes saber

¿Qué ha pasado?  
El abogado Francisco Mateus Rodríguez pretende llevar a la justicia a Carlos Slim si la compañía de telecomunicaciones Claro -filial de América Móvil, controlada por el magnate mexicano- se niega a devolver a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), de propiedad pública, unos US$73 millones que le cobró por cargos de interconexión.

¿Qué consecuencias tiene?
Esta es una de las batallas que protagoniza el conocido inversionista mexicano en Colombia con sus competidores, amplios sectores políticos y líderes de opinión que cuestionan el dominio que ejerce la firma Claro en el mercado colombiano de las telecomunicaciones, donde concentra el 61,5% de suscriptores de telefonía celular.

México y Colombia: los más concentrados

El centro privado Fedesarrollo divulgó en noviembre pasado un estudio según el cual la sociedad colombiana sufrió en 2011 una “pérdida de bienestar” equivalente al 0,77% del Producto Interno Bruto (PIB) -unos US$ 2.565 millones- debido al dominio que ejerce Claro en el mercado de las telecomunicaciones.

Este trabajo es la versión colombiana de un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que estimó en US$129.200 millones la “pérdida de bienestar” que sufrieron los mexicanos en el periodo 2005-2009 (1,8% del PIB cada año) por la falta de competencia y alta concentración de las telecomunicaciones en México, donde Telmex, de Carlos Slim, tiene una cuota de mercado de 80% en telefonía fija y de 70% en telefonía móvil.

Un reporte de Merrill Lynch indicó que de acuerdo con el índice de Hirschman Herfindhal, México y Colombia tienen los dos mercados de telecomunicaciones más concentrados del mundo.

La columnista de la revista Semana, María Jimena Duzán, escribió a principios de febrero que “lo que ha hecho Claro hasta el momento es tratar de dilatar las medidas (regulatorias para atenuar su posición de dominio) a través de toda suerte de malabares jurídicos y hasta el momento, a pesar de la bulla, se ha salido con la suya”.

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