La producción de cobre nacional no se encuentra en su mejor momento. Cochilco reportó que esta llegó a 5,4 millones de toneladas al cierre del año pasado, una caída de 1,6% versus 2024. Un elemento que ha marcado el desarrollo productivo del sector es la escasa existencia de proyectos denominados greenfield, versus los conocidos como brownfield.

Un proyecto greenfield es aquel nuevo que parte desde cero, sin faenas ni infraestructura previas, mientras que uno brownfield modifica, mejora o amplía desarrollos e instalaciones ya existentes.

Un estudio realizado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC) revela que actualmente el 9% de la inversión minera en Chile es greenfield, lo que suma US$8.244 millones, de un total de de US$92.822 millones en proyectos en el sector.

El estudio comprende un total de 31 proyectos greenfield, que se dividen en cuatro categorías. De ellos, 23 corresponden a “prospecciones mineras”, alcanzando una inversión de US$765 millones; aunque el mayor monto está en “complejo minero de superficie”, con US$5.395 millones. Esta última categoría representa el 65% de la inversión total en proyectos greenfield.

También están las iniciativas “desarrollo de minas”, donde se contabilizan cuatro, las que alcanzan una inversión de US$1.685 millones, representando el 20% del total de capex.

En términos de participación territorial, la Región de Atacama concentra la mayor parte de los proyectos greenfield. Totaliza 17, con el 69% del total de la inversión. Le sigue la Región de Antofagasta, con siete, y la de Coquimbo, con cinco.

En conjunto, las tres regiones mencionadas alcanzan el 99% de esa inversión total, con US$8.201 millones.

Etapas

El informe clasifica también los proyectos greenfield en cuatro etapas de desarrollo. En la etapa de ingeniería conceptual -una en la que se define la viabilidad técnica y económica de una iniciativa- se encuentran dos proyectos, por US$2.793 millones.

En la fase final de diseño, denominada de ingeniería de detalle -y que usualmente transforma la ingeniería básica en planos constructivos-, hay un solo proyecto valorado en US$2.365 millones. En cambio, la mayoría se concentra en la etapa de ingeniería básica, con US$1.757 millones, y solo seis están en proceso de construcción, con US$1.329 millones.

Con relación al estado de los proyectos respecto a su situación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), las iniciativas aprobadas representan la mayoría, 22 de ellas, con una inversión de US$4.383 millones. En calificación hay ocho proyectos valorados en US$1.091 millones y solo uno como “no presentado”, por US$2.770 millones

El top 5

El 80% de los proyectos greenfield contemplados por el informe son de la minería del cobre, los que corresponden a 25 iniciativas. Uno es de hierro y los demás son mezcla de cobre, oro y hierro. Entre ellos, destacan cinco proyectos prioritarios en metal rojo: Santo Domingo, Costa Fuego, Tovaku, El Espino y Arqueros.

El más grande en capex es Santo Domingo, de la canadiense Capstone Cooper, con US$2.300 millones. La iniciativa se ubica en la Región de Atacama y tiene como método de explotación minería a rajo abierto. Se espera que su puesta en marcha sea en 2028 y contempla una operación que se extenderá por 19 años. El proyecto ya cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desde 2015.

Se trata de una explotación de cobre y hierro que crearía más de mil puestos de trabajo y para la cual, durante los primeros siete años de operación, se proyecta una producción promedio de 106 mil toneladas exclusivamente de cobre.

Le sigue el proyecto Costa Fuego, de Hot Chili Ltd, que comprende tres depósitos principales, situados dentro de un radio de 10 km: Productora, Cortadera y San Antonio, y que suma una inversión estimada de US$1.270 millones, de tipo mixto. Estaría operativo en 2031 y estima una producción anual de cobre de 95 mil toneladas, así como 48 mil onzas de oro.

Respecto de Tovaku, la Sociedad Punta del Cobre S.A (Pucobre) cuenta con una opción para adquirir el 60% de las propiedades mineras de la iniciativa, las que a la fecha son de la estatal Codelco, según dice el estado financiero de Pucobre. Si el proceso llega a puerto, Pucobre y Codelco formarán una sociedad en la cual la estatal se quedará con el 40% restante.

El proyecto, que demanda una inversión de US$870 millones, se ejecutaría con minería a rajo abierto y ya está desde julio de 2025 en proceso de calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Proyecta producir 46 mil toneladas de cátodos de cobre de alta pureza, alcanzando un máximo de 68 mil toneladas en el año 18 de la operación, según se lee en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ingresado. La fase de operación tendrá una duración de 21 años.

Por su parte, el proyecto El Espino, también de Pucobre, recibió su RCA el 2016 y actualmente se encuentra en construcción. Se trata de una iniciativa privada de US$750 millones a rajo abierto, y que estima producir al año 26 mil toneladas de cobre y 13 mil onzas de oro.

Finalmente, se identifica en el estudio un único proyecto catalogado como “complejo minero subterráneo”, el que está siendo impulsado por la Compañía Minera Arqueros S.A., que tiene detrás a la empresa de origen japonés Nittetsu Mining. El proyecto Arqueros cuenta con su EIA aprobado, iniciaría sus operaciones este año con una inversión estimada de US$400 millones y contempla una vida útil de 17 años.