Caso Intervalores: Gabriel Urenda se entrega a la Justicia

Fiscalía pedirá la formalización de Sebastián González en las próximas semanas.


A primera hora de ayer, Gabriel Urenda, el fundador del desaparecido holding financiero Intervalores, acudió al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para ponerse a disposición de la Justicia.

Lo anterior, luego de que el jueves la Corte de Apelaciones revocara la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba sobre él y, en su lugar, dictara la prisión preventiva que había solicitado el Ministerio Público.

Todo ello en el denominado caso Intervalores, donde la Fiscalía formalizó a Urenda por los delitos de infracción a la Ley de Mercado de Valores, estafa y apropiación indebida, calificándolo como autor de los ilícitos perpetrados en el grupo empresarial.

“El que se presente al tribunal nos parece que es lo que corresponde, ya que si no lo hacía la policía lo va a buscar a su domicilio y lo detiene. O se presentaba, o llegaba a la cárcel detenido”, dijo a La Tercera PM el fiscal jefe de la unidad de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda.

Por su parte, Gonzalo de la Cerda, uno de los abogados querellantes, sostuvo que “era la cautelar que en mi opinión jurídicamente procedía, la entrega del imputado a la Justicia para los efectos de cumplir esta cautelar asegura los fines del procedimiento y evita su potencial fuga”.

En paralelo, según fuentes que saben del proceso, en las próximas semanas la Fiscalía pedirá la formalización de Sebastián González, ex gerente comercial de Intervalores, quien es acusado por las víctimas como el coautor de los delitos junto a Urenda.

Junto con ello, los persecutores liderados por Sepúlveda están investigando a cuatro a cinco personas que se desempeñaban como agentes comerciales o de ventas en el holding y que habrían tenido alguna participación en los ilícitos.

Tras la formalización a Urenda, la Justicia le dio seis meses de plazo para investigar a la Fiscalía. Y una de las dilingencias clave consiste en un peritaje contable que se encargó al Laboratorio de Criminalística de la PDI, con el fin de determinar de forma más exacta el perjuicio económico y verificar si se hicieron o no las inversiones prometidas.

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