El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), presentó un escrito de descargos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta al reclamo de ilegalidad interpuesto por Francisco Coeymans Ossandón, exCEO de Primus Capital.

El 20 de mayo, la CMF sancionó a Coyemans por haber entregado información falsa tanto al mercado como al regulador. En su resolución, la entidad fiscalizadora detalló una multa de 50.000 UF (aproximadamente $2.000 millones), además de una inhabilitación temporal para ejercer cargos directivos por un período de cinco años.

En el documento de 53 páginas presentado la semana pasada ante el tribunal de alzada, el CDE defendió la sanción, señalando que “se trata de uno de los casos más graves y relevantes desde la creación de la CMF”.

Según el escrito, Coeymans, en su rol de gerente general de Primus Capital, “proporcionó deliberadamente información financiera falsa tanto al público como a la Comisión”.

En el mismo documento, el CDE sostuvo que la defensa del ejecutivo sólo apuntó a cuestiones de forma y omitió en su reclamo los asuntos de fondo. Para el Consejo, la sanción aplicada a Coeymans es “una de las infracciones más graves acontecidas en el Mercado de Valores al día de hoy, al encontrarse comprometidos no solo los recursos de la sociedad y sus accionistas, sino, lo que es especialmente relevante, la fe pública y el patrimonio de inversionistas en atención a los bonos y efectos de comercio que había colocado Primus en el Mercado”.

Asimismo, el Consejo sostuvo que “más allá que Coeymans no haya sido el encargado de confeccionar personalmente los estados financieros a diciembre de 2022, ni haya sido él quien materialmente remitió la información a la CMF, en la especie, el reclamante intervino y participó en las operaciones irregulares que fueron indebidamente contabilizadas en los estados financieros a diciembre de 2022 y, asimismo, controló el flujo de información al directorio, sin nunca advertirle sobre las irregularidades que rodeaban los negocios cuestionados”.

En el marco de la investigiación, el CDE recordó que en su resolución sancionatoria la CMF detalló una serie de maniobras realizadas por Coeymans dentro de la sociedad que tuvieron por finalidad que Primus realizara operaciones irregulares con sociedades y documentos mercantiles.

A raíz de los hechos detallados, Primus Capital interpuso una denuncia y posteriormente una querella criminal. Hoy el exgerente general de Primus Capital está formalizado por diversos delitos económicos, entre ellos estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y lavado de activos. La causa continúa en etapa investigativa. Hoy permanece bajo arresto domiciliario total.

También se encuentran formalizados el exgerente comercial, Ignacio Amenábar, el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira y el abogado Antonio Guzmán.

Marzo

El caso Primus estalló en marzo de 2023, cuando la propia empresa de factoring Primus Capital descubrió internamente una serie de operaciones falsas. La compañía informó el hallazgo a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y presentó una denuncia. Pronto se reveló que una red de ejecutivos y colaboradores cercanos había utilizado empresas de papel, cheques sin respaldo y facturas ideológicamente falsas para simular transacciones comerciales y desviar fondos de la firma.

Las primeras estimaciones hablaron de un fraude superior a los $ 70 mil millones, lo que llevó a los socios de la compañía a inyectar más de $ 100 mil millones para evitar el colapso financiero.

Según la investigación, el esquema fue cuidadosamente planeado. Se usaron nombres de terceros como testaferros, muchas veces ciudadanos extranjeros, para ocultar la verdadera identidad de quienes controlaban las empresas involucradas. La documentación falsa se usaba para justificar operaciones que nunca ocurrieron, generando beneficios indebidos tanto para los ejecutivos como para quienes participaron en la red.

Uno de los aspectos más mediáticos del caso fue la fuga de Francisco Coeymans, quien salió del país y fue detenido en Lima, Perú, donde estuvo prófugo por más de siete meses. Fue extraditado a Chile en noviembre de 2024 y desde entonces cumple prisión preventiva.

Los delitos son calificados como “consumados” porque no se trata de intentos fallidos: las acciones se realizaron y lograron su objetivo. Además, son “reiterados”, lo que significa que no se trató de un hecho aislado, sino de una práctica constante durante varios años. La imputación también se basa en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, que establece responsabilidad penal para quienes participan directamente en la comisión del delito.

En términos simples, la Fiscalía sostiene que los imputados fueron los protagonistas de un esquema de fraude tributario, no simples cómplices o colaboradores.

La defensa de Francisco Coeymans ante el tribunal de alzada capitalino es liderada por los abogados Mario Vargas y Gabriel Silber.