Cerca de un año y medio duró el arbitraje entre Wom y el Estado chileno en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Este martes, el organismo declaró la causa concluida, marcando el fin del proceso iniciado en agosto de 2024.

Se trató de una demanda interpuesta por Wom, ante los intentos del Estado chileno de cobrar las boletas de garantías asociadas a los retrasos e incumplimiento de la empresa de telecomunicaciones en el despliegue de la red 5G en el país. Paralelo a la tramitación del caso en el Ciadi, la compañía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), negociaron para poder salir del problema lo antes posible.

Así, a principios de septiembre pasado llegaron a un acuerdo, con lo cual, ambas partes se comprometieron a finalizar todos los litigios en torno a esta causa, ya fueran en la justicia chilena, o en el mismo Ciadi. De eso, ya pasaron más de dos meses, y la demora en la deposición se debió a que aún faltaba la firma del Ministerio de Hacienda.

El visto bueno de la cartera de Teatinos 120 llegó finalmente a mediados de octubre, con lo cual Wom anunció que solicitaría la descontinuación del proceso ante el Ciadi. El cierre del proceso fue oficializado este martes por el organismo internacional.

En el acuerdo se estableció que Wom deberá hacer un pago proporcional a lo que no entregó a tiempo, dentro del plazo de la licitación de 5G, es decir, el 31% de la red, equivalente a poco más de US$14 millones. Dicho monto debe ser pagado durante 2025.

Pero adicionalmente deberá entregar una compensación al Estado por los incumplimientos, de US$39 millones, que pueden ser pagados o invertidos en infraestructura, en un proyecto que debe ser acordado por ambas partes. Para esto, el plazo es entre 2027 y 2030.

Por último, Wom deberá pagarle al Estado una compensación por los gastos realizados durante el arbitraje en el Ciadi.

Causas pendientes

Tras lo anterior, al Estado chileno aún le quedan dos causas en tramitación en el Ciadi. La más antigua corresponde a un conflicto con la firma colombiana Interconexión Eléctrica (ISA) por la negativa de las autoridades a otorgar prórrogas en la ejecución del proyecto Cardones-Polpaico. El proceso en el Ciadi se inició en mayo de 2021.

A fines de 2024, el tribunal falló en contra de la República de Chile, condenándola a pagar una indemnización de US$20 millones a ISA, un monto considerablemente más bajo que los US$270 millones que había solicitado la empresa inicialmente.

Sin embargo, en agosto el Estado chileno pidió la anulación del fallo, por lo que el caso volvió a reactivarse. Se estima que dicho proceso podría durar 2 años.

Además, está pendiente la resolución respecto al conflicto entre Chile y dos de las firmas que controlan Nuevo Pudahuel, concesionario del Aeropuerto Arturo Merino Benítez: ADP International y Vinci Airports.

Dicho caso se originó en la pandemia: Vinci y ADP solicitaron al Estado chileno compensaciones para mitigar los bajos ingresos derivados de las medidas sanitarias a raíz del Covid-19, con aeropuertos cerrados y movilidad restringida, lo que redujo el tráfico aéreo. Las empresas decidieron llevar el caso al Ciadi, pidiendo una compensación de US$400 millones.

En junio del año pasado se realizaron las audiencias. Desde la Cancillería se esperaba el laudo del Ciadi para el segundo semestre de este año, pero el tribunal aún no se pronuncia con una resolución.