Conadecus analiza medidas judiciales por "expropiación" de medidores antiguos

Un conflicto que parece no cesar. Los medidores inteligentes siguen dando noticias, luego de que ayer la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunciara que tres empresas –Saesa, Chilquinta y Enel-, accedieron a pagar $10 mil a cada cliente para facilitar el proceso.

Para el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, lo anterior está lejos de ser una solución.

"Es inaceptable la solución que ha encontrado el gobierno en acuerdo con las empresas. Nos parece que esto es mucho más que eso. Tiene que ver con un derecho de propiedad. La persona adquirió un derecho y él es el dueño del medidor".

"Esta es una expropiación, aquí es donde nosotros esperamos de que los grandes defensores del derecho de propiedad debieran levantar la voz por el derecho de propiedad que tienen los ciudadanos, los usuarios, los dueños de viviendas. Claramente, aquí es una transgresión al derecho de propiedad".

En relación a las responsabilidades por el conflicto que ha generado el tema, Calderón señaló que hay culpas en ambos gobiernos, ya que el anterior fue el que ingresó la moción para incorporarla en un proyecto de ley y el actual tuvo la oportunidad de modificarla. Sin embargo, destacó que el fin inicial de la ley tenía un "muy buen propósito".

En relación a la mesa técnica que conformó el ministerio de Energía con las empresas criticó que "los usuarios no han tenido la oportunidad de sentarse en esa mesa de poner sus condiciones y la forma de cómo tiene que hacerse esto", aseguró el presidente de Conadecus.

"Aquí el procedimiento ha sido todo malo, todo para afectar a la ciudadanía y proteger a las empresas. Critico que el gobierno actual ha tenido falta de diálogo y falta de apertura", agregó.

Sin embargo, destacó que no están en contra de los medidores inteligentes, ya que el cambio puede ser bueno en la medida que quede regulado de forma anticipada el recambio.