La sala del Senado aprobó el informe de la comisión mixta que buscó resolver los últimos aspectos que quedaban pendientes en la tramitación de la ley que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial.

Dando cumplimiento a la urgencia de discusión inmediata que le dio el gobierno al proyecto, la Cámara de Diputados respaldó el informe de la comisión mixta este martes y este miércoles fue el turno del Senado.

Luego de casi dos horas de discusión, la sala de la Cámara Alta dio su visto bueno con 38 votos a favor y una abstención. Con ello, el proyecto de fraccionamiento pesquero es despachado del Congreso para ser ley.

Tras la votación, el ministro de Economía, Nicolás Grau, comentó que “se termina un capítulo de discusión compleja, pero donde hemos tenido una gran redistribución hacia el sector artesanal en todo Chile, de forma transparente, recorriendo todo el país y con amplios apoyos”.

El principal último nudo de la iniciativa tuvo relación con la cuota de la merluza entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, donde, principalmente, se tendrá una distribución de un 45 % para la pesca artesanal y de un 55 % para la industrial, únicamente si la captura global anual autorizada de la pesquería es inferior a las 35.020 toneladas.

En caso que la autorización anual de captura supere dicho monto, cada tonelada adicional será destinada al sector artesanal, hasta alcanzar un tope del 50%. Con ello, la cuota del recurso sería igualitaria, pero con un mecanismo dinámico que favorece al sector industrial. Hoy la distribución de esta pesquería establece un 40% para el sector artesanal y un 60% para el industrial.

La complicación respecto a este punto tuvo relación con que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó datos erróneos durante la tramitación de la cuota de la merluza, un hecho que empujó al gobierno a volver a discutir sobre el tema y finalmente se modificó la propuesta de un 52 % quedaba para el sector artesanal y un 48 % para el industrial.

Además, la cuota anterior motivó a Pacific Blu a anunciar su cierre y luego revirtió la medida, una vez que se modificó.

Otros de los temas referidos en el informe, a modo general, tenían relación con la cuota del besugo; la gradualidad por ajustes en materia de reineta y la propuesta de fraccionamiento para sardina española y anchoveta del norte; y el cobro -patente- sobre la autorización a las capturas realizadas en la zona económica exclusiva chilena, de cualquier titular que obtenga cuotas de jurel en instancias internacionales.

Sin embargo, sectores del oficialismo en la Cámara Baja, han interpelado al gobierno para que ingrese un veto al proyecto y reponer la cuota de la merluza anterior, una opción a la que el ministro Grau no se refirió, tras mostrarse conforme con la aprobación.

Además, la senadora Paulina Vodanovic (Partido Socialista) reprochó el cambio en la cuota de la merluza y anunció un oficio para que el Ejecutivo compense con una serie de medidas el reajuste a la merluza.

Mientras que, sectores de la oposición realizaron reserva de constitucionalidad respecto al tema de la patente. Un aspecto que resaltaron los senadores Jaime Coloma (UDI), Carlos Kuschel (RN) y Luz Ebensperger (UDI), pidiendo que se votara aparte, un escenario que finalmente no se dio dada la imposibilidad de ley, según explicó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD).

“No creo que haya precedente de un informe financiero que no conoció la Comisión de Hacienda (de la Cámara de Diputados), sino que fue directamente a la mixta. Entonces, eso es completamente irregular”, dijo el senador Coloma, en línea con sus pares que apelaban a que la discusión no habría cumplido la tramitación correspondiente a normas fiscales.

Ante esto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, descartó las imputaciones. “Se explicó (en la comisión mixta) de forma muy nítida porque era una patente y no era un impuesto (...) (se dijo en la instancia que) no había ningún problema y se cumplía con los distintos procedimientos que se podían realizar en una comisión mixta”, dijo en la sala del Senado.

Por su lado, el senador Daniel Núñez (Partido Comunista), lamentó la reserva de constitucionalidad, ya que estimó que el proceso demoraría la promulgación de la ley y los beneficios para el sector artesanal.

Además, otras advertencias, presentadas en la Cámara de Diputados, tuvieron relación con que el proyecto sería expropiatorio y permitiría a las empresas afectadas pedir compensaciones ante la justicia.