135+115= 250. Una suma que no es trivial y que ha costado renuncias de autoridades, disputas en el gobierno y en las empresas, y enojo en la ciudadanía.

Lo que comenzó como un error de cálculo en los precios que cobran las generadoras, cuya corrección reduciría las cuentas de la luz según el gobierno, se transformó en un escándalo. Una hilera de equivocaciones que sacó al ministro de Energía, Diego Pardow, y al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla. Y que de paso sumó a otro negocio del sistema eléctrico, la transmisión. Pero que podría culminar al menos con un alivio a los consumidores que se resume en esa adición: las generadoras ponen US$ 115 millones y Transelec, la mayor empresa de transmisión del país, otros US$ 135 millones.

Así, a contar de enero próximo, en las boletas de electricidad se reflejará una rebaja tarifaria de unos US$ 250 millones en total que, en promedio nacional, equivaldría a cerca de un 4% por cuenta durante todo el primer semestre en números gruesos. Esto, porque sería cerca de un 2% por Transelec, y otro 2%, por las generadoras.

Aunque no será para todos por igual, dado que dependerá de la zona donde está ubicado el cliente.

“Si se considera el precio nudo promedio (PNP) del Informe Técnico Preliminar del primer semestre de 2026, y suponiendo que los US$ 115 millones se devuelven en el primer semestre, en Santiago la cuenta bajaría un 0,7%; en Concepción, un 3,28%; en Coquimbo, un 7,95%, y en Viña del Mar, un 9,18%. Para incluir el descuento por transmisión, a eso se podría agregar una baja de entre un 1,5% y un 2%”, explicó Humberto Verdejo, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Usach.

Historia de errores y ruidos

Mientras el empresariado se reunía en Enade el martes 14 de octubre, ya circulaba en esos pasillos una versión del maremoto que venía en la industria eléctrica. La CNE había detectado un error metodológico en la fijación del precio nudo, el que pagan las distribuidoras a las generadoras, pues se estaba aplicando dos veces el IPC en el cálculo de las diferencias de facturación que se reliquidan semestralmente en las tarifas. Esa noche, tras un reportaje de Canal 13, la Comisión emitió un comunicado donde anunciaba que había corregido un error que venía desde 2017, que sumaba del orden de los $ 112 mil millones (US$ 115 millones) e implicaría una rebaja del orden del 2% en las cuentas de la luz a partir de enero.

De allí vino una vorágine que además de la salida de Pardow y la asunción de Álvaro García como biministro de Economía y Energía, sacó a relucir otro error, que traía una historia de un año, pero que no se conocía públicamente.

Transelec se había autodenunciado en octubre del 2024 de una sobrevaloración de activos, que había significado un cobro en exceso en las cuentas de los consumidores de más de US$ 100 millones en total. Y que luego admitió a la Comisión para el Mercado Financiero que eran de entre $ 100 mil y $ 135 mil millones. Un monto que aún no se devolvía, pues se había solicitado una auditoría al Coordinador Eléctrico Nacional para determinar el monto real de la sobrevaluación. Pero García lo sacó a relucir y dijo que ese dinero se debía devolver lo antes posible, sin esperar el fin de la auditoría.

O sea, los errores sumaban más de US$ 200 millones a favor de los consumidores.

Pero el lunes 20, un estudio de la consultora Valgesta, de los exfuncionarios de la CNE Andrés Romero y Ramón Galaz, sembraron la duda sobre este número al afirmar que los clientes regulados sólo han pagado US$ 2 millones de más a las generadoras por el error en los precios nudo, explicitado en las cuentas de julio a septiembre de 2024. Los otros US$ 113 millones, de entre julio de 2022 y julio de 2024, no habían sido incorporados a las tarifas, sino que correspondían a documentos de pago que las empresas vendieron en el mercado financiero, para aliviar su estrés de caja, por tanto la deuda era con los bancos y no con los clientes, y se empezaba a pagar en 2028.

Con este documento bajo el brazo, las generadoras se reunieron el miércoles 22 con el ministro García. Allí le plantearon la misma idea de que sólo eran US$ 2 millones los pagados por los consumidores y los otros US$ 113 millones habían sido financiados por la banca. Pero se encontraron con un García incólume en su idea de que ese dinero debía restituirse.

Las generadoras plantearon varias fórmulas, entre ellas la modificación de algunos cargos que se cobran como consecuencia del congelamiento de las tarifas, pero que son materia de ley, por lo que, dado el momento electoral y la dificultad que hubo para sacar adelante los proyectos anteriores, el Ejecutivo lo consideró impracticable.

En la ocasión, el ministro les consultó si el dinero que se había cobrado de más estaba o no en las arcas de las generadoras. Y las empresas admitieron que tenían ese dinero. “Las generadoras se fueron bastante claras de los bordes de la conversación”, dijo un testigo, en referencia a dos elementos: que hubo un cobro excesivo y que las empresas tienen la plata.

De allí, las empresas se mostraron dispuestas a hallar una solución.

Y el viernes, el director ejecutivo de Generadoras, el gremio que agrupa a las mayores empresas de generación del país, Camilo Charme, anunció a Pulso lo que el gobierno esperaba: “Independiente de que el error proviene de la autoridad y no es un error de la industria de generación, hemos tomado la decisión de que la industria va a poner a disposición esos US$ 115 millones, para que, cuando la autoridad defina el cómo y el cuándo, se vean reflejados en las boletas de la luz a partir de 2026, de acuerdo a la normativa″.

Charme, sin embargo, insistió en la hipótesis de Valgesta, de que los consumidores no han financiado esos US$ 115 millones, pues el grueso de ese dinero fue factorizado con el BID y algunos otros bancos, por tanto es un pago que los clientes aún no han hecho.

El propio ministro García admitió el viernes que efectivamente los consumidores no han pagado ese monto total: “Lo relevante es que las empresas generadoras recibieron recursos que no les corresponden y que tienen que ser devueltos a los que les corresponden, que son los clientes. Distinto es cuánto de esos recursos los clientes han pagado y cuánto les resta por pagar. El grueso les resta por pagar, pero igual son recursos de ellos y por eso corresponde devolverlos”.

Pese a la discrepancia de fondo, las generadoras cedieron ante la dificultad de buscar una salida legal, en medio del descontento ciudadano.

“Le explicamos a la autoridad que la industria cuenta con la voluntad de resolver este tema. Porque este error es serio. Las empresas van a tener menos flujos operativos a contar de enero, deberán reajustar sus ingresos previstos y sus mecanismos de financiamiento. Para que no se ponga en duda la calidad ética de la industria”, agregó Charme a Pulso.

Ahora el turno es de la autoridad, que deberá definir cómo y cuándo se entregarán a los consumidores los US$ 115 millones. “Lo más importante es cautelar que la fórmula sea transparente y respete la regulación vigente”, comentó Verdejo de la Usach.

En paralelo, el viernes también Transelec se allanó a devolver US$ 135 millones a los consumidores por su sobrevaloración de activos, que se aplicará como un descuento en la boleta mensual entre enero y junio.