El gobierno del Presidente Gabriel Boric se apresta a cerrar este miércoles su mandato en un momento en que el Estado mantiene una deuda con las clínicas por la atención de pacientes que pertenecen a Fonasa cercana a $476 mil millones (unos US$523 millones), según lo estimado por Clínicas de Chile con cifras a enero, lo que representa un 27% más que hace un año.

De ese total, $390 mil millones (US$429 millones) corresponde a deuda exigible de Fonasa y Servicios de Salud, según las cifras que reporta el gremio que agrupa a los prestadores de salud privados del país.

Sin embargo, el presidente de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, explica que “el análisis requiere observar no solo el monto de la deuda, ya que este corresponde a acumulación, pero también a mayores volúmenes de contratación debido a las necesidades crecientes de atención. Por tanto, lo determinante para el sector son los plazos de pago asociados a esas deudas”.

En ese sentido, agrega que “considerando que los plazos de pago deberían estar en torno a los dos a tres meses (desde que la prestación se otorgó al paciente), en la actualidad los prestadores privados estamos registrando tiempos mayores a los señalados, asunto que siempre preocupa al sector. Sin embargo, tenemos la expectativa que ello se agilizará, ojalá prontamente”.

De cara al futuro y a las nuevas autoridades que asumirán el 11 de marzo, Fuenzalida afirma: “Confiamos en que se agilizarán los plazos de pagos mediante el establecimiento de sistemas de pronto pago que resulten expeditos, y así entregar certezas a cada uno de los prestadores que atienden necesidades de salud de pacientes del sistema público”.

El presidente de Clínicas de Chile añade que “esa es nuestra solicitud y nuestra expectativa, de forma de concurrir siempre a las atenciones que los pacientes necesitan, pero al mismo tiempo, contar a tiempo con los recursos para enfrentar nuestras responsabilidades y compromisos adecuadamente”.

El ejecutivo que lidera el gremio también pone en perspectiva el interés que tienen los integrantes del gremio en este asunto. “Los prestadores privados de salud estamos disponibles para hacer frente a la responsabilidad que nuestro rol involucra en la atención de los pacientes del sistema público y privado de salud, lo que necesariamente requiere la estructuración de un sistema sostenible en el tiempo”, sostiene.

Al respecto, Fuenzalida puntualiza que “ello es lo que permite el financiamiento de la operación en cada establecimiento y enfrentar obligaciones tan relevantes como el pago de personal, insumos e infraestructura”.

Por eso, detalla que “durante estos últimos años, en más de una ocasión, hemos debido como sector alertar y solicitar a Fonasa la agilización de los pagos de la deuda pública acumulada por prestaciones ya otorgadas por los diferentes establecimientos privados de salud. Lo anterior, porque en algunos momentos esa deuda se ha acumulado y retrasado de forma preocupante, complejizando la operación del sector”.

Próximo gobierno

Justamente, uno de los focos del próximo gobierno en salud serán las listas de espera, según lo declarado.

Consultado respecto de si les gustaría que en el futuro gobierno exista una complementariedad público-privada mayor, el presidente de Clínicas de Chile asegura que “para el sector prestador privado de salud la complementariedad público-privada es esencial para avanzar y generar cambios reales y tangibles para las personas”.

Ello, considerando que “el sector público, por sí solo, no da abasto a la enorme demanda de atención que enfrentamos como país”. Y lo ejemplifica así: “Solo considerar que los prestadores privados de salud atendemos casi 10,8 millones de pacientes, y donde más del 56% de las prestaciones del sector se realizan a beneficiarios de Fonasa. Así, por ejemplo, realizamos 1.192.000 intervenciones quirúrgicas (53,3% del total), 33,9 millones de atenciones médicas (54,4% del total) y casi 83,3 millones de exámenes de diagnóstico (casi 36% del total)”.

Bajo este escenario, asegura que “resulta claro que la complementariedad de lo público y lo privado es vital. Como sector postulamos con fuerza y convicción la necesidad de avanzar para que ello se profundice como parte de la política pública, pues entendemos que es el camino para generar un cambio positivo en la oportunidad y calidad de atención de los pacientes”.

Sin embargo, cree que “ello debe ir de la mano de la generación de un sistema de salud que resguarde condiciones de sostenibilidad, con mirada de futuro, entregando certeza en su funcionamiento, lo que incluye el manejo de plazos de pago razonables para las prestaciones que se otorguen, de forma de permitir la operación sostenible y continua de nuestra actividad”.

Si bien Fuenzalida reconoce que han “compartido estas ideas con los equipos de salud del gobierno entrante”, también señala que esperan “prontamente profundizar en ello a partir del 11 de marzo, reiterando la disposición permanente del sector para avanzar y aportar constructivamente, ya que están en juego temas tan urgentes como resolución de listas de espera, abordamiento de diagnóstico y tratamiento del cáncer, oportunidad de atención, medicina preventiva, entre otras”.

El líder gremial afirma que “las listas de espera son, desde luego, una preocupación latente, donde creemos podemos ser un aporte relevante”. Fuenzalida explica que, “hasta ahora, el sector prestador privado, en promedio, resuelve un 20% de las listas de espera, con una potencialidad resolutiva mucho mayor por razones de eficiencia”.

Por eso explica que hace unos meses expusieron una proyección de capacidad de atención potencial de su sector “que creemos es interesante considerar. Sin embargo, es necesario avanzar en caminos y mecanismos para implementar soluciones y también, en etapas operativas donde Fonasa y cada establecimiento lleguen entre ellos a acuerdos concretos de atención”.

Cuenta que, “en su momento, compartimos con el equipo de salud del presidente electo, al igual que con otros candidatos presidenciales, el estudio realizado por el gremio y además, hemos hecho presente nuestra propuesta de contar con un sistema central y técnico de derivación de casos en espera que coordine la capacidad de los diferentes establecimientos disponibles, públicos y privados, con la demanda de atención”.

Fuenzalida sostiene que “entendemos que la futura autoridad está en el proceso de análisis de mecanismos, por lo cual esperamos prontamente avanzar junto a ellos para materializar vías de trabajo sectoriales que colaboren en la solución de este gran problema país“.