Por más de tres horas este jueves Fonasa se reunió con los prestadores para presentarles el arancel de la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). De manera preliminar, algunos prestadores firmaron un documento para mostrar su intención de ser parte de ella, pero las grandes clínicas aún no se han manifestado, sobre todo porque siguen analizando especialmente el arancel que fijó el organismo para prestaciones hospitalarias.
CLC experimentó un fuerte crecimiento de sus utilidades de más de 900% versus el año pasado. Sin embargo, entre abril y junio registró pérdidas por $45 millones.
Este monto es mayor en unos US$36 millones al cálculo que había hecho anteriormente Bupa respecto de lo que tendría que provisionar por el fallo de tabla de factores. La empresa aseguró que ahora puede hacer una "estimación confiable" tras la aprobación de la ley corta de isapres, pero alertó que "persiste cierta incertidumbre". Consultados por este reporte, desde Bupa Chile aclararon que esta provisión "no tiene ningún efecto local”.
El directorio de Clínica Indisa designó a Martín Manterola Vince en la gerencia general, cargo que asumirá desde el 2 de septiembre.
El 17° Juzgado Civil de Santiago condenó al recinto privado, así como también a un médico y una matrona, a pagar $1.448.579.677, luego que el hijo de una paciente quedara con el 90% de discapacidad en su cuerpo. Lo anterior se produjo como consecuencia de la asfixia que sufrió el recién nacido antes de que el personal de salud decidiera realizar una cesárea.
La clasificadora de riesgo sustentó el cambio en la nota de CLC en “una reducción de la actividad hospitalaria y ambulatoria, con un aumento del ratio de deuda financiera total sobre EBITDA (por sobre las 5 veces). Se ha estrechado la generación de flujos provenientes del propio negocio, con una disminución considerable de pacientes Covid y una economía a nivel país retraída”.
La isapre hizo una solicitud de arbitraje donde pide que CLC explique por qué emitieron una gran cantidad de notas de crédito que nunca conocieron y que no estaban contenidas en los contratos. Por su parte, la clínica también inició trámites para un proceso arbitral en contra de Colmena para reclamar la restitución de fondos que a juicio de CLC fueron "retenidos por ésta sin autorización legal válida", por descuentos por volumen.
La presión sobre la red asistencial ha significado un atochamiento en el área de urgencias de las clínicas.
La empresa experimentó un alza hasta los $4.238 millones, es decir, casi se quintuplican. Esto, acompañado de un incremento del ebitda y de ingresos.
Esto se debió principalmente a una disminución de los costos de ventas y de administración. Sin embargo, los ingresos de la clínica observaron una merma en el periodo por una baja en las consultas médicas.
Clínicas de Chile comentó que “en caso de acreditarse ante la autoridad competente, los hechos expuestos revisten la máxima gravedad, y significarán un daño inconmensurable y directo a los miles de pacientes que atendemos día a día, en particular, a aquellos que presentan condiciones de mayor urgencia y gravedad”.
La isapre notificó a sus afiliados que desde el "1 de junio de 2024, tanto las atenciones ambulatorias como hospitalarias en Clínica Las Condes, deberán ser pagadas a dicho prestador y luego solicitar el reembolso en la isapre”. La aseguradora también recalcó que esto no modifica las coberturas y que siguen vigentes todos los convenios de salud con su red de prestadores.
Pese a esto, el gremio también expresó su preocupación por la deuda que las isapres mantienen con las clínicas, algo que la ley no logra resolver.
Repostularon a tres directores que actualmente están en la mesa: Alejandro Gil, actual presidente de CLC y esposo de la controladora de la compañía, Cecilia Karlezi; Emilio De Ioannes Becker, actual fiscal del grupo Auguri, y Paola Bruzzone, vicepresidenta de CLC.
