Este año ha disminuido el nivel de emisión de Licencias Médicas Electrónicas (LME) por enfermedad o accidente común. Si en 2022 el número de LME emitidas en promedio al mes fueron 823 mil, en 2023 ya sin el efecto Covid-19 bajaron a 682 mil, mientras que en 2024 fueron 692 mil. En tanto, en lo que va del año se han reducido a 607 mil promedio mensuales.

Más notoria es la caída en la emisión de LME desde que el 20 de mayo pasado la Contraloría General de la República (CGR) emitió el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país durante su licencia médica.

Bajo este escenario, ya se encadenan cuatro meses consecutivos en que las LME emitidas están por debajo de las 600 mil, que son justo todos los meses posteriores al escándalo que destapó Contraloría, entre junio y septiembre, anotando un nivel que no se observa de manera habitual en la emisión de licencias.

Es más, desde mayo hasta septiembre todos los meses se registran tasas de caídas de dos dígitos en una comparación interanual.

Todo eso se obtiene al ver las cifras que consolida la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), que acaba de reportar las cifras de septiembre, mes en que se emitieron un total de 565.810 LME por enfermedad o accidente común, una caída de 12% interanual.

En todo caso, el regulador atribuye esta tendencia no solo al golpe de Contraloría, sino que detalla que “esta disminución coincide con el bloqueo preventivo que realizó la Suseso a profesionales de la salud habilitados para emitir licencia médica debido a comportamientos sospechosos”.

Además, el trimestre terminado en septiembre marcó un total de 1.717.966 LME emitidas, el menor nivel desde que hay cifras mensuales comparables en el sitio web de la Suseso, esto es, desde enero de 2022. Hay que recordar que la LME empezó a ser obligatoria en 2021.

Las LME registradas en el tercer trimestre de este año significaron una baja de 18% en comparación con igual trimestre del año anterior, y representa una caída 13% versus el trimestre inmediatamente anterior.

La superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto, comenta que “en los primeros meses del año el número de licencias médicas mostró una disminución acotada, pero desde mayo las disminuciones interanuales superan de manera sostenida los dos dígitos. Entre mayo y septiembre la emisión fue, en promedio, un 17% inferior a la registrada en 2024”.

Si bien cree que “aún es muy temprano para definir un nivel mensual estable de emisión para este año, lo que sí sabemos es que el año pasado las licencias emitidas cada mes rondaban las 700 mil y ahora están cerca de las 600 mil mensuales”.

Soto también comenta que “en el marco de las medidas que hemos implementado para fortalecer el uso correcto de las licencias médicas, la Superintendencia ha aplicado inhabilitaciones preventivas a 735 profesionales al mes de septiembre. A ello se suma la suspensión de 97 profesionales emisores de licencias médicas durante el año 2025. Estas acciones buscan resguardar la integridad del sistema y evitar el mal uso de un instrumento esencial para la protección de la salud de las trabajadoras y trabajadores del país”.

Por su parte, la economista de Horizontal, Soledad Hormazábal, estima que “la caída en la emisión de licencias médicas es una buena noticia, claramente ha incidido la fiscalización de Contraloría que ha sido muy positiva. Sin embargo, la fiscalización debe ser constante para que no se diluya el efecto, pero es incluso más importante cambiar la estructura del beneficio que permite que ocurran estos abusos”.

Por ello, Hormazábal cree que “es fundamental que se apruebe el proyecto de ley que equipará las condiciones de las licencias médicas entre el sector público y el privado, esto sería un cambio estructural que cerraría espacios de abuso con lo que podríamos ver reducciones adicionales y permanentes en la emisión de licencias médicas”.

Para Daniela Sugg, economista de la salud, socia fundadora de Sugg y Asociados, “la evolución del número de licencias médicas durante el año 2025 resulta particularmente interesante, sobre todo al compararla con años anteriores. Los datos muestran un quiebre significativo a la baja, que coincide temporalmente con los anuncios y mayores controles impulsados por la CGR, los que derivaron incluso en llamados de atención públicos y la salida de autoridades. Este cambio no parece casual y más bien refleja un fortalecimiento del control sobre licencias falsas y una mayor cautela por parte de los profesionales emisores”.

En concreto, Sugg sostiene que “se observa una reducción cercana al 10% en el número de licencias emitidas en 2025 respecto de 2024. Sin embargo, este descenso no se ha traducido en un aumento equivalente de la tasa de rechazo, lo que refuerza la hipótesis de que la caída responde más bien a un proceso de depuración y mayor racionalidad en la emisión, antes que a un endurecimiento de los criterios de aprobación”.

Aun así, estima que “persisten diferencias relevantes entre los regímenes: mientras Fonasa presenta una tasa de rechazo de primera instancia de 5,9%, en el caso de las isapres esta alcanza un 22,1%, evidenciando asimetrías estructurales en los mecanismos de fiscalización y evaluación. Este es un aspecto que sigue pendiente de ser abordado por el Ejecutivo y que requerirá ajustes normativos y reformas legales orientadas a mayor coherencia, equidad y transparencia en el sistema”.

Hacia adelante, Sugg cree que “es esperable que la emisión de licencias se mantenga relativamente estabilizada, con un aumento estacional durante los meses de mayo, junio y julio, período en que se intensifica la circulación de virus respiratorios. No debiera proyectarse una caída adicional significativa, considerando que el comportamiento actual parece alinearse con el tamaño de la masa trabajadora y con el perfil epidemiológico del país”.

La economista afirma que “este escenario de mayor control y racionalidad en la emisión de licencias solo podrá sostenerse si las entidades fiscalizadoras mantienen su rol activo y no pierden capacidad de supervisión. Asimismo, es clave que el tema continúe presente en la opinión pública y en la agenda política, ya que la experiencia indica que, cuando el foco se diluye, las malas prácticas tienden a reaparecer”.