La Casen 2024 mostró que las cifras de pobreza disminuyeron: la por ingresos se ubicó en 17,3%, por debajo del 20,5% que se registró en 2022 con la nueva metodología. En números, este porcentaje se traduce en 3.478.364, que son casi 600 mil personas menos que en 2022.

En caso de la pobreza extrema, la nueva metodología en 2024 sitúa esta tasa en el 6,9%. Aplicada retroactivamente, la estimación también muestra una trayectoria descendente: en 2022 hubiera sido 8,5%; en 2020 14,3% y 9,2% en 2017.

Uno de los datos que llamó la atención en ese momento en que se presentaron los datos es que los subsidios del Estado jugaron un rol importante en el primer décil para contener la pobreza. De hecho, los ingresos autónomos del primer decil han caído a la mitad desde 2017 y pasan de representar el 63% de sus ingresos monetarios en 2017 a solo el 31% en 2024, mientras, en la otra cara, los subsidios pasaron del 27% al 69% de esos ingresos. De esta forma, el grupo de personas del grupo de menores recursos dependen más de los subsidios que hace 8 años.

En el desglose de esos subsidios, un análisis de Libertad y Desarrollo (LyD) muestra que uno de los subsidios estatales que más peso está teniendo en la reducción de la pobreza y en especial en los sectores de menores ingresos es la Pensión Garantizada Universal (PGU) que explica el 57% de los subsidios en el quintil de menores ingresos, y en promedio explica el 66% de todos los subsidios entregados en los distintos quintiles.

“La evidencia muestra que buena parte de la reducción de la pobreza se debe al aumento de las transferencias monetarias, más que a una mejora en la ocupación laboral y en los ingresos del trabajo. La PGU y otras pensiones no contributivas son las que más crecen, y el total de los subsidios llega a representar cerca de dos tercios del ingreso del decil con menos recursos”, sostiene la economista de LyD, Paulina Henoch.

Para la economista si bien puede ser considerada una buena noticia que las políticas públicas mejoren la calidad de vida de los sectores de menos recursos, afirma que tiene sus complejidades. “Cuando el hogar está formado solo por personas mayores, que la PGU represente más del 50% del ingreso es razonable, ya que ese es el objetivo de esta pensión”, dice.

No obstante, dice que “el problema aparece cuando en ese hogar también viven personas en edad de trabajar, no lo están haciendo porque buscan y no encuentran porque el mercado laboral se encuentra debilitado”.

Y ahí subraya que “los datos muestran que los hogares con al menos un mayor de 65 años que recibe PGU tienen una tasa de ocupación más baja que los hogares sin adultos mayores (58,3% versus 66,8% en 2024), especialmente en el primer decil (18,7% versus 27%), lo que obliga a seguir de cerca si parte de los integrantes activos estaría reemplazando estos ingresos laborales”.

Focalización de los subsidios

Henoch, que también fue parte de la comisión asesora para la metodología de la pobreza, afirmó que “si bien existen otros subsidios de menor monto, preocupa que una fracción cada vez mayor del ingreso de los hogares más pobres dependa del Estado, especialmente en contextos donde en esos grupos hay poca ocupación laboral y un mercado de trabajo que aún no se recupera del todo”.

Sobre la focalización de los subsidios, la economista explicó que “hoy el Registro Social de Hogares clasifica a más de la mitad de la población en el tramo 0–40, lo que implica que cerca de 9,4 millones de personas aparecen como parte del grupo más vulnerable. Esta sobreconcentración reduce la capacidad del instrumento para discriminar entre distintos niveles de carencia y dificulta priorizar recursos hacia quienes enfrentan situaciones más severas”.

Precisa que, si bien se observa grados de focalización en los subsidios, “sí se requiere ajustar la información del Registro Social de Hogares a ingresos informales, composición real del hogar, revisar los umbrales del 0–40 y usar más activamente subtramos que permitan distinguir mejor a los hogares con mayores carencias”.

Ingresos autónomos vs monetarios

Una de las discusiones que se abrió es cómo se logra que los sectores de menores ingresos puedan obtener mayores recursos propios a través del empleo. Y así generar un equilibrio entre ingresos autónomos y los monetarios, que son básicamente subsidios.

Para la experta, los datos muestran que, especialmente en el primer decil, la caída de los ingresos laborales y el menor número de ocupados por hogar “son la principal alerta, más que la existencia de los subsidios en sí”. En ese sentido, menciona que “para equilibrar, se necesitan al menos reforzar políticas que aumenten la capacidad de generar ingresos propios: formación de habilidades, reconversión laboral y apoyo a la inserción en empleo formal, especialmente en los hogares donde hoy el trabajo es más precario”.

También dice que “es necesario ajustar el diseño de subsidios para que actúen como complemento y no como reemplazo del ingreso del trabajo: reglas graduales de salida, mejor coordinación con el Registro Social de Hogares, y evitar que la suma de beneficios genere desincentivos a la formalidad o a aumentar las horas”.