Las potencias mundiales han desplegado por años sus negocios en Latinoamérica y El Caribe. Uno de los brazos económicos que ha impulsado es en la industria minera. China cuenta con 48 activos únicos en la región, donde ha apostado sus fichas, principalmente, en Argentina con diversos proyectos de litio. Muchos de ellos encabezados por la empresa china Ganfeng Lithium.

La contraparte de China, Estados Unidos, se ha hecho de una cantidad similar de activos. Un reporte de GEM al que Pulso accedió muestra que la potencia norteamericana cuenta con 49 activos únicos en Latinoamérica y El Caribe en once países, donde el grueso de sus inversiones han aterrizado en Brasil. Allí alberga trece activos únicos a través de diferentes vehículos empresariales, las compañías Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, The Mosaic Company y Alcoa Corporation.

Eso sí, el aterrizaje de Estados Unidos en la región es heterogénea y no es solo minera. De hecho, 30 activos únicos pertenecen al desarrollo minero, mientras que los otros 19 están vinculados al petróleo y al gas.

Buena parte de las participaciones de Estados Unidos en Brasil son portafolios exploratorios en los segmentos de petróleo y gas, por sobre las operaciones productivas que se encuentran consolidadas. Esta cartera se distribuye en fundición y refinería de cobre, alúmina y aluminio, procesamiento de litio, gas natural licuado (LNG) y terminales de exportación.

Participación en Chile

Chile se ubica en el séptimo lugar en el listado de participaciones en la región. A nivel local la potencia se ha instalado con tres activos a través de las compañías Albemarle y Freeport-McMoRan. La primera empresa tiene dos faenas de litio en la Región de Antofagasta: planta La Negra y la operación en el salar de Atacama. La segunda firma opera en El Abra en la misma región, donde cuenta con una participación del 51%.

La consultora advierte diferentes riesgos en los países. En Chile, prevé riesgos el agua, de permisos y de legitimidad territorial. “La exposición de Albemarle depende de contratos, balance hídrico, trazabilidad y aceptación política de la explotación de salmueras”, dice el informe.

Por su lado, Perú es el segundo país donde Estados Unidos ha puesto su mirada. Allí dispone de once activos a través de las compañías Freeport-McMoRan, Newmont, Southern Copper, Mosaic y Hunt Oil. En este país cuenta con productos diversificados, como el cobre, oro, fosfatos y gas/LNG.

En tanto, Estados Unidos tiene negocios petroleros en Venezuela con cuatro activos por medio de la empresa Chevron Corporation. Allí tiene de principal socio a Petróleos de Venezuela (PDVSA) en las cuatro participaciones donde se encuentra. GEM advierte que este país es el más riesgoso en términos políticos-regulatorios.

“Venezuela concentra el caso extremo: los activos de Chevron siguen siendo significativos, pero su valor económico depende de licencias, sanciones, capacidad de exportación y términos cambiantes de relacionamiento con PDVSA”, asegura el estudio.

A su turno, si bien Ecuador se vislumbra con un activo en Fruta del Norte, a través de Newmont Corporation vía participación en Lundin Gold, GEM alerta que no debe ignorarse. “La participación de Newmont en Lundin Gold la deja indirectamente expuesta a Fruta del Norte, lo que obliga a distinguir entre control operativo y posición societaria estratégica”, sostiene la consultora.

Oportunidad del valor agregado

La conclusión del estudio apunta que la presencia de Estados Unidos en la región ya no se puede observar como un conjunto disperso de minas históricas. “Es una cartera regional con tres rasgos: diversificación sectorial real entre minería y energía; integración en varios eslabones de la cadena; y una combinación de control directo, minorías estratégicas y apuestas exploratorias”, afirma.

De esta forma, para gobiernos y reguladores, la oportunidad “está en convertir esa huella en más valor agregado, infraestructura y aprendizaje local. Para mineras, fondos y bancos, la tarea es más fina: distinguir qué activos son caja madura, cuáles son opcionalidad de largo plazo y cuáles dependen, todavía, de un permiso, una licencia o una arquitectura política que puede cambiar más rápido que el mercado”.