Un duro golpe recibió el futuro del proyecto de la Central Hidroeléctrica Rucalhue —filial de China International Water and Electric Corporation (CWE), parte del conglomerado China Three Gorges Corporation— la madrugada de este domingo, tras un atentado incendiario que destruyó 47 máquinas en la comuna de Quilaco, Región del Biobío. De acuerdo con los antecedentes policiales, un grupo de encapuchados maniataron a dos de los cuatro guardias que custodiaban el recinto, y pese a la vigilancia, los vehículos —entre camiones y equipos especializados en excavaciones— fueron completamente destruidos por el fuego.

El ataque ocurre en un momento clave para la iniciativa energética, que contempla una inversión de US$350 millones y que actualmente se encuentra en plena fase de construcción. La Central Hidroeléctrica Rucalhue ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el 16 de diciembre de 2013 y obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable el 28 de abril de 2016. Sin embargo, desde entonces ha enfrentado una larga serie de dificultades, incluyendo la oposición de comunidades indígenas, grupos ambientalistas y complejos procesos administrativos que han frenado su avance.

El gerente legal de la compañía, Diego Vio, explicó a Pulso que la construcción fue retomada en agosto de 2024, luego de un largo período de pausa, y que hasta antes del atentado se registraba un 20% de avance en las excavaciones principales. “Este es el primer proyecto de la compañía en Chile, y mantenemos la confianza y la convicción de que es un proyecto viable y con futuro para seguir adelante”, afirmó.

A marzo de 2025, la inversión acumulada en el proyecto alcanza los US$43 millones, sin considerar la compra inicial del activo. De ese total, US$13 millones han sido ejecutados desde la reactivación de las obras. Además, la empresa ha implementado una agenda de vinculación con las comunidades locales, trabajando con 46 organizaciones comunitarias de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco en proyectos de desarrollo que han significado una inversión social superior a los US$13 millones. Los aportes se han canalizado a través de Fondos de Iniciativa Local, infraestructura, compromisos RCA y programas de educación.

“Es un proyecto que ha confiado en la institucionalidad chilena, a pesar de las dificultades que ha tenido durante la tramitación. Evidentemente este acto remece un poco la confianza y debería llamar a la reflexión a todos de cómo se están haciendo las cosas en Chile y cómo la institucionalidad es capaz de enfrentar este tipo de temas”, sostuvo Vio.

El abogado también adelantó que están evaluando los daños y las medidas necesarias para retomar el control de la zona. “Recién hoy hemos podido ingresar al área del proyecto. Esperamos, en el transcurso de la semana, tener una mayor claridad respecto a los plazos y las condiciones para retomar nuestras operaciones en el área afectada”, señaló. Agregó que, por ahora, la prioridad es “contener la situación y evaluar las acciones legales que puedan respaldar los esfuerzos del gobierno en relación con la querella antiterrorista”.

Aunque el proyecto ha sido considerado estratégico por su potencial para generar energía limpia y contribuir al sistema eléctrico del país, también ha sido objeto de críticas por su impacto en el entorno y la cosmovisión de comunidades pehuenches que habitan la zona. La empresa, sin embargo, insiste en que ha cumplido con todos los estándares ambientales exigidos y que su foco está puesto en el desarrollo sostenible del territorio.

Actualmente, Rucalhue Energía SpA continúa tramitando diversos permisos sectoriales y, según la compañía, no hay pendientes específicos con el Consejo de Monumentos Nacionales. De acuerdo con la RCA, el cronograma de obras contempla una duración de 37 meses para su construcción total, plazo que ahora deberá ser revisado a la luz de los recientes acontecimientos.

Detalles

Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el proyecto considera una central de pasada con embalse, sin regulación de caudales, ubicada en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco. Tendrá una potencia instalada de 90 MW y una generación media anual de 465 GWh, que será inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC). El embalse cubrirá 139 hectáreas y almacenará 7,2 millones de m³ de agua. La construcción se extenderá por 30 meses, con generación de 500 empleos, y una vida útil estimada en más de 100 años.

Originalmente impulsado por la brasileña ATIAIA Energía Chile SpA, el proyecto fue adquirido en 2018 por Rucalhue Energía SpA, hoy en manos de capitales chinos. Esta última está controlada por China International Water and Electric Corporation (CWE), filial del gigante estatal China Three Gorges Corporation, responsable de la construcción de la mayor represa hidroeléctrica del mundo: Tres Gargantas. CWE es, por tanto, el controlador directo del proyecto Rucalhue, consolidando así la expansión del conglomerado chino en el sector energético chileno. La firma asiática cuenta con más de 60 años de experiencia en el desarrollo de proyectos energéticos y con presencia en más de 32 países.

Entre enero y febrero de 2024, Zhou Haibo, gerente general de CWE Agencia en Chile, envió cuatro cartas a los ministros de Relaciones Exteriores, Albert Van Klaveren; Hacienda, Mario Marcel; Economía, Nicolás Grau; y Energía, Diego Pardow. En representación de Rucalhue Energía SpA, titular del proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue (CHR), el ejecutivo advirtió sobre “una serie de dificultades vinculadas con el retraso excesivo en la tramitación de un permiso sectorial de Conaf”, lo que —según dijo— ha impedido el reinicio de la construcción de la iniciativa, aprobada ambientalmente desde 2016. A su juicio, esto ha generado “impacto e incertidumbre respecto de la posibilidad de continuar no solo con este proyecto, sino que con otras futuras inversiones que la compañía tiene planificadas en Chile”.

En abril de 2024, Pulso dio a conocer que la central estaba paralizada desde 2020. Aunque ese año logró iniciar obras en noviembre —tras superar cambios administrativos y esperar condiciones de estabilidad social y económica luego del estallido social y la pandemia—, en 2021 los trabajos fueron nuevamente suspendidos. “Nos vimos obligados a paralizar los trabajos, situación que se mantiene hasta hoy. Primero, por tomas ilegales ocurridas en 2021, las cuales fueron denunciadas, y segundo, por el extenso periodo que ha tomado la tramitación de un permiso sectorial sometido a consideración de la Conaf”, afirmó Haibo en una de las misivas de entonces.