Las inmobiliarias y constructoras están en conflicto con las empresas distribuidoras de energía eléctrica, puesto que el proceso de conexión al suministro eléctrico de las obras se enfrentan a constantes atrasos, entre otros problemas.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) acusan “falta de transparencia, y cobros injustificados y arbitrarios, entre otros. Esto hace que los desarrolladores deban incurrir en gastos mucho mayores debido a los sustanciales atrasos de varios meses para lograr que edificios, proyectos inmobiliarios o construcciones de todo tipo puedan acceder al suministro de energía eléctrica, aun cuando dichas construcciones, en muchos casos, se encuentran completamente construidos y listos”.

Si bien hay una norma técnica de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que regula el proceso de conexión al suministro eléctrico, esta “no ha impedido la situación de múltiples atrasos y el actuar arbitrario de las empresas distribuidoras en el proceso de conexión al suministro eléctrico”, sostienen los gremios.

Adicionalmente, apuntaron a que en noviembre de este año comenzará a regir una modificación de la norma que “lejos de solucionar estos problemas, en la mayoría de los casos los agrava”.

En ese sentido, los gremios acusan que la nueva normativa le da “establece normas que aumentan las posibilidades de un actuar arbitrario de su parte”.

Todo esto fue planteado en una consulta de la CChC y la ADI en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde solicitaron a la entidad determinar si dicha normativa es o no contraria a la libre competencia, aludiendo a la “posición monopólica que tienen las Empresas Distribuidoras en el servicio público de suministro de energía eléctrica dentro de sus zonas de concesión, así como en los servicios derivados del mismo, como la conexión de proyectos nuevos a la red eléctrica”.

A su vez, entregó una serie de recomendaciones para poder abordar los eventuales riesgos anticompetitivos.

El TDLC admitió a trámite la consulta y ordenó oficiar a los organismos que tengan interés a entregar antecedentes al respecto en un plazo de 30 días hábiles.

“Estamos satisfechos con la resolución del TDLC. Resulta imperativo, a nuestro juicio, revisar la norma técnica que entrará a regir próximamente sobre este particular para eliminar los espacios regulatorios que permiten la existencia de plazos excesivos, presupuestos poco claros e incertezas respecto de procedimientos que a la larga retrasan y encarecen el desarrollo de proyectos”, resumió el director ejecutivo de ADI, Slaven Razmilic.

“La ADI espera que este procedimiento termine en una mejor norma que regule mejor un mercado en el que existe un monopolio natural y arbitre medidas para fomentar la competencia en beneficio de todos compradores finales de viviendas”, dijo el gremio a través de un comunicado.