Ignacio Briones: "Quienes dicen que este gobierno renunció a sus convicciones deberían actualizar su mirada. Chile cambió radicalmente"

Ignacio Briones

Ignacio Briones, ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda defiende el acuerdo tributario con la oposición, por la urgencia social que requería tener un proyecto recaudatorio. Pese a los cambios realizados, dice que será un sistema más simple y que entregará mayor certeza que el esquema actual.




Mañana cumple dos semanas como ministro de Hacienda. Ignacio Briones dejó su cargo de decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez para integrarse, en medio de la crisis social que vive el país, al gabinete del Presidente Sebastián Piñera. Su primer logro se firmó el viernes: un protocolo de acuerdo para destrabar la discusión de la reforma tributaria en el Senado y con ello asegurar recursos permanentes para financiar las demandas sociales. "Me he sentido empoderado por el Presidente Piñera desde el primer día. Si así no lo fuera, no podría tener la flexibilidad para tomar decisiones y llegar a acuerdos como el que se consiguió", señala el secretario de Estado. Su perfil se distancia de otros ministros de Hacienda. No solo porque viene de una escuela francesa, sino también porque tiene un estilo de comunicación más directo: un ejemplo de ello es que el jueves en la noche, una vez anunciado el acuerdo, utilizó Twitter y entregó varios mensajes explicativos. En esta, su primera entrevista en un medio escrito, profundiza en el sentido de la difícil tarea que tiene por delante, donde deberá conjugar la urgencia de los temas que está planteando el movimiento ciudadano -"¿alguien todavía no se da cuenta que aquí hay un cambio estructural del cual hacerse cargo?", sostiene- con las restricciones que le impone la realidad -"no se pueden atender todas las demandas sociales al mismo tiempo (...) porque los recursos son limitados", admite- y con la necesidad de sostener la expansión de la economía -"el crecimiento es nuestro norte", reitera-.

En dos semanas usted logró un acuerdo con la oposición de una reforma tributaria muy distinta a la original. ¿Por qué se tuvo que esperar a este estallido para acercar posturas?

-El estallido social marca un antes y un después no solo en lo económico, sino también en lo institucional y político. Nos parecía que en este clima era fundamental dar una señal a la ciudadanía que mostrara que el mundo político estaba comenzando a funcionar, a dialogar y que era capaz de llegar a buenos acuerdos. Eso es una condición necesaria para salir del difícil momento que enfrenta el país. Había un sentido de urgencia, de lograr destrabar la reforma, y obviamente no se podía insistir en mantener la original a plenitud. Ambas partes tenían que ceder, eso es la esencia de una negociación. Agradezco la disposición de los senadores de oposición. Todos hicimos un esfuerzo. Si para nosotros no fue fácil, para ellos tampoco.

Usted dice que ambas partes cedieron, pero si uno ve el acuerdo es prácticamente un nuevo proyecto, y eso se refleja en la recaudación. Antes era prácticamente neutra y ahora se recaudan US$ 2.000 millones.

-No. No es un proyecto desde cero. De hecho, construye sobre el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, manteniendo una parte extensa y sustantiva del mismo, e introduciendo modificaciones, siendo uno de los cambios sustantivos la integración. Identificamos aquellos nudos que para ellos y nosotros eran intransables y ahí partió la discusión. Por otra parte, si bien el norte del proyecto original era perfeccionar y simplificar el sistema vigente y que recaudaba US$ 400 millones, hay que analizarlo en el contexto del Chile de hace un mes. En muchos ámbitos, el acuerdo logrado también consigue esos objetivos y allega nuevos recursos que son necesarios dada la realidad actual. En las conversaciones se decide sacar la reintegración para las grandes empresas, pero se mantuvo para las pymes, y dejamos otros elementos importantes del proyecto como la nueva definición de gastos, la creación de una Defensoría del Contribuyente, la boleta electrónica y el IVA a los servicios digitales, entre otros.

¿Cuál era su juicio del proyecto original?

-Era partidario de ese proyecto. De hecho, como académico, fui dos veces a exponer al Congreso y defendí la integración. Pero acá no se trata de mi preferencia particular, sino que era fundamental dar una señal al país de que la política está logrando conversar de nuevo. Si nosotros, el gobierno y parlamentarios, no somos capaces de ponernos de acuerdo, estamos entregando una pésima señal al país.

¿Se puede legislar bien cuando se está contra la pared, tanto el gobierno, como el Congreso y la clase política?

-Insisto, este no es un marco de entendimiento que parta de cero, lo que se hizo fueron operaciones quirúrgicas sobre ciertos aspectos. Teníamos un cuerpo que era la iniciativa que fue aprobada en la Cámara y sacamos algunas cosas, otras se modificaron e introdujimos otras, pero buena parte del tronco de la modernización tributaria se mantiene. En toda la parte que es el código tributario, construimos sobre lo que estaba y sacamos ciertos elementos que para ellos era necesario revisar en una discusión posterior: los paraísos fiscales, la norma antielusión, pero el resto sigue, como la Defensoría del Contribuyente.

Una de las críticas que había y que llevó al gobierno a presentar una reforma tributaria era que el actual sistema es muy complejo y generaba incertezas. ¿Este protocolo de acuerdo cómo deja el sistema tributario? ¿Lo simplifica?

-Absolutamente. No tengo dudas de que este acuerdo deja un sistema tributario mejor del que tenemos actualmente. Es mucho menos complejo y da certeza. Si bien se mantiene un sistema semiintegrado para las grandes empresas, se establece un único sistema en base a retiros de aplicación común a las empresas. Es decir, se elimina la coexistencia de un sistema atribuido con uno en base a retiros y las dificultades que genera la interacción de esos dos sistemas. Esto no solo simplificará el sistema, sino también eliminará los espacios de arbitraje que se producen entre ambos. Además, el nuevo régimen pyme será de aplicación automática, lo que permitirá llegar a todas las pymes y no solo a un tercio como sucede hoy.

¿Cómo será ese sistema para las pymes?

-Las pymes quedan bajo un esquema muy superior al vigente. Lo que hay en este marco de entendimiento es mantener el "régimen de transparencia", donde el dueño de la empresa está completamente integrado al alero de una contabilidad en base caja, no debiendo tributar por el impuesto de primera categoría y pedir una devolución en abril, sino que tributa directamente a nivel personal. Aquí, un reconocimiento al liderazgo del presidente de la Democracia Cristiana, quien jugó un rol muy importante en la Cámara para lograr aquello. Además, en el actual sistema hay pymes que, por distintas razones, quedaron dentro del sistema semiintegrado con un peaje de 9,45%, lo que era muy inequitativo. Ahora esas pymes, en su gran mayoría, quedan en un sistema integrado en base a retiro, con una tasa de 25%, y el semiintegrado queda reservado para grandes empresas.

Si bien se mantuvo la idea de reponer un tramo del impuesto global complementario que alcanza al 40%, el máximo que puede llegar a pagar el dueño de una empresa que está en el sistema semiintegrado es 44,45%, y no 49,45% como sería la suma. ¿Era excesiva una tasa máxima en ese nivel?

-El Presidente hizo ese anuncio cuando todavía se apuntaba a tener un sistema integrado. Y en ese sistema la tasa máxima llegaba a 44,5%, pero en un sistema semiintegrado y con tasa marginal máxima de 40%, llegaríamos a 49,5% y ese nivel para nosotros era inaceptablemente demasiado elevado. Además, mientras más se amplía la brecha entre la tasa del impuesto personal y el corporativo, más incentivos hay para crear vehículos improductivos que permitan ese diferimiento. Entonces, para nosotros ese fue un tema fundamental y en el acuerdo se logró que en el sistema semiintegrado la tasa máxima quedara limitada al 44,5%.

Dentro de las críticas que han surgido es que hay pocos elementos para impulsar la inversión.

-Eso es incorrecto. Se mantuvieron intactos incentivos a la inversión como la depreciación instantánea por dos años, lo que será un elemento muy relevante para el momento en que estamos. También aumentaron los beneficios a las pymes, ampliando desde 8 mil a 10 mil UF el monto de las utilidades que pueden invertir llevando a gasto el 50%.

¿Eso es suficiente para impulsar la inversión?

-Planteamos mecanismos adicionales, partiendo por rebajar la tasa corporativa, pero no fue posible llegar a acuerdo. Ahora bien, la condición necesaria para que la inversión aplique y los incentivos la apalanquen, es que haya una expectativa de normalización de la situación económica, social e institucional. La certidumbre de nuestras decisiones cotidianas, desde si habrá comercio, hasta si mis hijos podrán ir a la escuela, son fundamentales para nuestro funcionamiento cotidiano y para la formación de expectativas.

En cuanto al impuesto a los bienes inmuebles con avalúo fiscal sobre los $400 millones, ¿era la mejor forma de gravar a los sectores de mayores ingresos, ya que hay quienes señalan que no afecta solo a los denominados super ricos?

-Hay dos elementos. A muchos de los críticos parece olvidárseles que desde la época de Adam Smith, el padre de la economía, o de Milton Friedman, se planteaba que el impuesto a la propiedad es muy eficiente. Primero, porque es poco distorsionador, lo que a los economistas nos interesa, pero segundo, porque es fácil de fiscalizar y prácticamente imposible de evadir. Las propiedades inmuebles, como su nombre lo indica, son inmóviles, y en este contexto nos parecía que ante la alternativa planteada de gravar el patrimonio, incluyendo no solo el patrimonio inmobiliario, sino que el financiero y de otra índole, esta era la mejor alternativa.

¿Por qué?

-La experiencia comparada indica que los países que han experimentado el impuesto que grave todo el patrimonio lo han retrotraído por la dificultad de implementación, porque los capitales son móviles y se van, y en momentos como este, lo que menos necesitamos es que los capitales se vayan. Países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania o Francia, lo intentaron, pero tuvieron que hacer marcha atrás.

También se ha dicho que una vivienda de este precio puede ser considerada de clase media, ya que puede ser su único activo.

-En esta discusión me ha sorprendido demasiado la creencia de pensar que quien tiene una casa de $ 400 millones de avaluó fiscal, o un conjunto de casas con avalúo fiscal sobre $ 400 millones, que a valor de mercado llega a alrededor de $ 800 millones, es una persona de clase media. Eso me parece que no es entender la realidad del país. No confundamos la discusión, vamos a las cifras: no debiera haber dudas de que un patrimonio sobre $ 400 millones no corresponde a la clase media. La clase media gana entre un millón a un millón y medio de pesos, y la pregunta es si esa persona tiene activos por $ 800 millones, yo no lo creo. El impuesto está bien diseñado para pedir un esfuerzo adicional a las personas que tenemos mayores ingresos y yo me incluyo.

En la práctica, ¿cómo se aplicará el cobro?

-Igual que con las actuales contribuciones. Aquí no innovamos en nada al respecto. La diferencia es que se consolida por Rut. Si usted tiene una casa de $ 400 millones de avalúo fiscal y otra de $ 300 millones, para todos los efectos prácticos es como si tuviera una vivienda de $ 700 millones y sobre ese monto se aplica la tasa que corresponde. En segundo término, la tasa se aplica sobre la diferencia de valor. Por ejemplo, si usted tiene una casa de avaluó fiscal de $ 500 millones y nosotros estamos diciendo que se cobrará una sobretasa sobre los $400 millones, la tasa aplica sobre los $ 100 millones y no el total. Otra de las dudas que ha habido sobre este impuesto es si se descuenta la deuda o no, y nuestro criterio es que no, porque se sigue la misma línea de las contribuciones. Y el cobro seguirá la misma lógica, es decir, será trimestral.

Algunos economistas de centroderecha han criticado el contenido de la reforma, señalando que el gobierno abandonó sus convicciones y que ha habido un entusiasmo por subir impuestos, ¿qué responde?

-Efectivamente, hubo reacciones que antes de haber conocido el marco de entendimiento esbozaron críticas. Estoy seguro que entrando al detalle entenderán que este es un buen acuerdo, porque es mejor que lo que tenemos hoy. Por otra parte, es fundamental entender el contexto en que se da este acuerdo, que no es una situación de normalidad. Al contrario, es extremadamente compleja tanto en lo institucional, como en lo social, lo económico y en materia de poder asegurar la responsabilidad fiscal de cara a demandas que habrá que priorizar y atender. Quienes dicen que este gobierno renunció a sus convicciones deberían actualizar su mirada, porque Chile cambió radicalmente después del estallido social. En este sentido, valoro las señales que han venido desde líderes empresariales, quienes han relevado la importancia de este cambio y la necesidad de hacer un esfuerzo.

Se ha señalado la posibilidad de un nuevo proyecto el próximo año, donde se podría estudiar rebajar el IVA y el impuesto de primera categoría. ¿Avanzarán en esa línea?

-Eso es parte de la desinformación que habido. Se formó la idea de que habría una segunda reforma tributaria en 6 meses, pero lo descarto de plano. Como podría firmar un acuerdo tributario y decir al mismo tiempo que vamos a tener una nueva reforma tributaria. Eso sería de locos e insisto, lo descartó de plano.

¿Y qué se hará entonces?

-Lo que firmamos fue un acuerdo para encargar a una comisión un análisis detallado de la eficiencia del gasto tributario del Estado. Esto es de las distintas exenciones y tratamientos diferenciados que subsisten en nuestro sistema. Y eso quedó por escrito en el protocolo de acuerdo: cuando en el futuro un gobierno decida, por ejemplo, abordar el tema de la renta presunta y se alleguen recursos al fisco, una parte sustancial de esos recursos va a ir a rebajar la tasa del impuesto corporativo automáticamente. Si yo cierro una exención del IVA que no está cumpliendo su rol y eso me permite recaudar plata, una parte importante va a ir a disminuir la tasa general del IVA. Eso es un valioso principio orientador para que los demás gobiernos lo tengan a la vista.

¿Cómo será la estrategia de revisión del gasto tributario?

-Lo que se acuerda es la conformación de un grupo de trabajo al que le vamos a encargar un diagnóstico que queda para que sea abordado por nosotros o por futuros gobiernos.

"La situación económica es muy compleja y todos debemos ser parte de la solución"

Dentro de las demandas sociales ha surgido con fuerza la crítica al modelo económico chileno y la necesidad de cambiarlo. ¿Cuál es su visión de este modelo?

-No me gusta hablar del modelo, porque hay diversos modelos de capitalismo, de economías de mercado, y además son diversos, porque un buen modelo, por definición, debe ser adaptativo a las circunstancias, al entorno, al crecimiento y a los nuevos desafíos. Nuestro sistema económico tiene muchísimas virtudes que no se pueden desconocer, pero también problemas relevantes que abordar. Yo soy pro mercado, creo en el enorme poder de innovación y de creación de riqueza de mercados competitivos. Pero creo, además, que la economía de mercado no es incompatible con una agenda social potente y un Estado tremendamente eficiente. Siempre cito el ejemplo de Nueva Zelanda: debería ser un referente que nosotros pudiéramos poner por delante.

¿Cuáles son las virtudes de Nueva Zelanda?

-Me ha tocado ver ese país de cerca y tiene una de las economías de mercado más abiertas del mundo. Pero, a la vez, tiene uno de los estados más eficientes del mundo, un alto grado de cohesión social y una desigualdad significativamente menor a la de nosotros. Es una economía que, al igual que nosotros, está alejada del mundo. Al igual que nosotros, es una economía intensiva en recursos naturales, no tienen vergüenza de eso, pero le van agregando mucho valor. Otro referente es Australia. Debiéramos plantearnos un desafío país de largo plazo y apuntar a experiencias exitosas como estas, en lugar de caer en las perniciosas lógicas refundacionales del todo o nada.

¿Es partidario, como plantean algunas voces, de sacrificar crecimiento por una mayor cohesión social?

-No hablaría en esos términos. Es claro que sin crecimiento es imposible financiar una agenda social ambiciosa. Pero también que necesitamos ser mucho más exigentes en nivelar la cancha de las oportunidades, seguir reduciendo la desigualdad y tener políticas sociales más exigentes, no solo a nivel de las áreas sociales tradicionales, sino también respecto de la ciudad y del espacio público, que debe ser visto como un espacio de igual ciudadanía e igual dignidad. Las asimetrías entre comunas en este plano son abismantes.

Algunos economistas afirman que el mayor gasto público y la reforma tributaria atentarán contra el crecimiento.

-¿Alguien puede pensar que lo que está pasando no afecta el crecimiento? ¿Que la situación de desorden que tenemos no afecta el crecimiento? ¿Que la situación de irrupción social y de anormalidad no afecta? ¿Alguien todavía no se da cuenta que aquí hay un cambio estructural del cual hacerse cargo? El crecimiento es nuestro norte y, por lo tanto, uno tiene que combinar con liderazgo y convicción ambos elementos, pero sin duda sin una economía vigorosa, sin emprendimiento, sin mercados que operen competitivamente, la verdad es que el financiamiento de aquello es un imposible.

Usted dijo que el Imacec de octubre puede ser negativo, ¿es probable que este último trimestre el PIB se contraiga?

-Esperamos un Imacec de octubre bastante malo, que en el plano más optimista sería del 0% y en el pesimista del -0,5%. Con eso, vamos a tener un último trimestre muy malo, no sé si negativo, no tengo todavía los datos, pero las señales son bastante preocupantes. Ajustamos a la baja nuestra proyección de crecimiento del 3,3% al 2,3%, y si hay que volver a revisarla, lo haremos. No se puede descartar que se crezca bajo el 2% este año. Quiero ser muy claro y responsable: la situación económica es muy compleja y todos debemos ser parte de la solución.

Hacienda le pidió al Comité de Expertos del PIB tendencial revisar el crecimiento de largo plazo, ¿ están los resultados?

-Esta semana el Comité de Expertos del PIB tendencial revisó el crecimiento de largo plazo de la economía que estaba en 3% y lo bajo en 0,2%, es decir, quedó en 2,8%. Entonces, tenemos un escenario fiscal que es complejo.

¿Habrá un nuevo decreto para cambiar la trayectoria de descenso del déficit fiscal estructural?

-Habrá uno nuevo, pero no puedo anticipar nada. Estamos trabajando en eso y ya hemos ido cambiando las cifras que presentamos en el Presupuesto 2020. Hemos hecho el ajuste del PIB tendencial en base a la información que se nos ha presentado y hemos hecho el ajuste en base a nuestra proyección de crecimiento para el próximo año.

Bajo este gobierno, ¿el responder a las demandas siempre va a estar anclado a ser responsable fiscalmente?

-Por supuesto que esa tiene que ser la norma de sustentabilidad de largo plazo y es importante que la ciudadanía lo entienda, porque las demandas son infinitas. No se pueden atender todas las demandas sociales al mismo tiempo, ni en toda la amplitud que se requiere, porque los recursos son limitados y se tiene que priorizar.

¿Y cómo priorizarán ese gasto, porque las demandas incluyen un salario mínimo de $ 500 mil, rebaja del TAG, condonación del CAE, mejores pensiones, educación, salud, etc.?

-No estoy en condiciones de decir lo que se tiene que dejar afuera. El gobierno ha atendido a varias de estas demandas, como el alza del 20% a las pensiones básicas solidarias, y eso requiere un esfuerzo fiscal importante. Se presentó el proyecto de ley de ingreso mínimo garantizado. Esa iniciativa también tiene un costo fiscal importante.

Pero algunos sectores piden que el ingreso mínimo sea de $ 500 mil.

-Eso, evidentemente, no se puede hacer hoy. Si tuviéramos el doble del PIB actual y el doble del tamaño del Estado, claro que estaríamos en ese estadio, pero somos Chile y estamos viviendo una situación económica complicada.

Anunció también un plan para evaluar la efectividad y la eficiencia del gasto público, ¿en qué consiste?

-Ese es un deber moral. Si le estamos pidiendo a los chilenos dinero a través de impuestos, es un imperativo asegurar que ese gasto público se haga bien y con las prioridades que corresponden. Como he dicho públicamente, mi compromiso es revisar en profundidad la forma en que estamos gastando y prontamente anunciaré acciones en esa dirección. De lo que se trata es de apuntar a que con cada peso que nos entregan los chilenos, podamos hacer más y mejor.

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