No hay garantía de que los choferes cuenten con seguro de vida y accidentes, con una licencia sanitaria, con casco y una caja anclada a la moto y no a la espalda. Esas fueron las razones esgrimidas por la Justicia para ordenar al gobierno de Buenos Aires que prohíba de forma inmediata las actividades de las empresas de delivery Pedidos Ya, Rappi y Glovo.

Un juez de la capital argentina aseguró que la actividad de las tres aplicaciones "se realiza en franca transgresión a la normativa vigente, y sin que se les exija al menos, dar cumplimiento a las normas básicas en materia de seguridad".

La Policía de la Ciudad hizo un estudio a más de 400 motocicletas y bicicletas, de acuerdo al cual el 70% de los trabajadores desempeña sus labores sin contar con ningún tipo de seguro, el 77% trasportaba la caja en su espalda y el 67% no usaba casco. En ese marco, el magistrado señaló que "es necesario aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código (de Tránsito y Transporte) y en su decreto reglamentario".

La reacción de dos de las empresas no se hizo esperar. En el caso de Rappi expresaron su preocupación por esta determinación "inédita a nivel mundial", agregando que apelará y seguirán "en contacto con las autoridades para contribuir en la búsqueda de soluciones que protejan a todas las partes de nuestra comunidad".

Menos confrontacional, Glovo llamó a la conformación de una mesa de trabajo con los actores interesados, de manera que se mantenga "un debate abierto hasta llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos". En ese marco, plantearon que la situación no se trata de "un enfrentamiento donde tiene que haber ganadores y perdedores, sino un sector de actividad donde todos podemos mejorar y beneficiarnos".