La Fiscalía Nacional Económica (FNE) finalmente le dio la razón a Enami y Codelco. La institución económica decidió archivar una denuncia que presentaron diputados del Partido Republicano hace más de un año, quienes solicitaron que la venta del 10% de Quebrada Blanca de Enami a Codelco se revisara por “supuestas prácticas anticompetitivas”.

El 23 de septiembre de 2024, los diputados Sofía Cid, Agustín Romero, Benjamín Moreno y Renzo Trisotti denunciaron ante la FNE que la operación entre Codelco y Enami fue “opaca y oscura”, “infravalorada”, “un fraude y un perjuicio fiscal”.

La operación entre las estatales pactó una transacción de US$520 millones y se ejecutó en un momento en que Enami no gozaba de números azules. De hecho, con la venta de este activo, Enami reduciría su deuda de US$740 millones a US$250 millones.

Por esos días, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, dijo que era “muy positivo que un activo de este valor se mantenga en manos del Estado” y que con la decisión, la estatal seguía “avanzando en posicionar a Codelco como líder mundial en minerales críticos y como el holding minero de Chile, con mayor acceso a activos de gran tamaño, menor riesgo y diversificando las oportunidades”.

A la fecha, Quebrada Blanca, ubicada en la Región de Tarapacá, es controlada por Teck (60%), el grupo japonés Sumitomo (30%) y Codelco (10%). El yacimiento de cobre es una de las minas claves de la fusión entre las mineras Anglo American y Teck: “Anglo Teck”.

No hay concentración

La FNE analizó los hechos denunciados por los diputados como eventuales conductas anticompetitivas o infracciones al Decreto de Ley 211 (DL 211).

Tras su análisis, la FNE “determinó que la operación Quebrada Blanca, por sus características, no constituye una operación de concentración en los términos previstos en el artículo 47 del DL 211”, de acuerdo a la resolución N° 274 emanada por el organismo el pasado 23 de octubre.

“Estas situaciones denunciadas se relacionan a temas que no aparecen como constitutivos de conductas anticompetitivas o infracciones al DL 211, y, por tanto, no son necesariamente competencia de esta Fiscalía”, agregó.

De esta forma, la agencia pública aclaró que la FNE “es competente únicamente para investigar hechos, actos o convenciones que puedan constituir conductas anticompetitivas o infracciones previstas en dicho cuerpo normativo. Por el contrario, las materias ajenas a la defensa de la libre competencia se encuentran fuera del ámbito de las atribuciones entregadas a la FNE por el DL 211”.

En tanto, respecto del posible incumplimiento al artículo 4 bis del DL 211, que establece que ante la adquisición de una participación mayor al 10% entre una empresa y otra firma competidora se debe informar a la FNE, la institución concluyó que “no advirtió antecedentes que permitieran sostener la existencia de tal infracción, dado que el porcentaje del capital adquirido en virtud de la operación Quebrada Blanca no supera el umbral establecido por la referida norma”.

El organismo económico también analizó la eventual falta al artículo 3 del DL 211 inciso primero, que prohíbe hechos que restrinjan o entorpezcan la libre competencia. Sobre esto, la FNE, que estudió los mercados de procesamiento y comercialización de concentrado y cátodos de cobre, definió que “en la actualidad, la operación Quebrada Blanca no impide, restringe o entorpece la competencia, ni tiende a ello”.

Salar Blanco

Cuando los diputados denunciaron la operación de Codelco y Enami en septiembre del año pasado también incluyeron otro foco de investigación para la FNE: eventuales prácticas anticompetitivas en la adquisición de Salar Blanco por parte de Codelco.

La estatal anunció en octubre de 2023 un acuerdo para adquirir a la australiana Lithium Power International (LPI), dueña del proyecto Salar Blanco, ubicado en el salar de Maricunga, compra que se concretó en marzo de 2024 en US$244 millones.

En este contexto, la denuncia de los parlamentarios republicanos expuso un posible abuso de posición dominante. La Fiscalía Nacional Económica concluyó que “del análisis realizado por esta fiscalía es posible descartar tal calificación, por cuanto Codelco no exhibe actualmente una posición dominante en los mercados de carbonato de litio e hidróxido de litio”.

Y respecto a si la compra de Salar Blanco se puede calificar como una operación de concentración, la FNE razonó que “no se configuró en la especie, toda vez que, de acuerdo a la información recabada en la admisibilidad, las ventas de LPI se encontraban, a la fecha de la operación, por debajo del umbral individual de ventas en Chile”.

De esta forma, la FNE concluyó que “sobre la base de los antecedentes, en opinión de esta división, los hechos denunciados relativos a las adquisiciones de una participación accionaria en Quebrada Blanca y de Salar Blanco, ambas por parte de Codelco, no resultan constitutivos de infracciones a la libre competencia”.