“Estamos frente a uno de los casos más graves y de mayor connotación desde la creación de la CMF, pues los directores de Larraín Vial Activos AGF sobrevaloraron los activos del Fondo Capital de Inversión Estructurado I, como si se tratase de una participación en capital, equity representativo de una propiedad indirecta en acciones de Grupo Patio”.

Con estas palabras, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contestó el requerimiento de ilegalidad que presentaron cinco ex directores de la gestora: Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa Achurra, Jaime Oliviera y Andrés Bulnes ante la Corte de Apelaciones. Esto luego que el regulador el pasado 25 de agosto el regulador del mercado de valores aplicara millonarias multas a los exdirectivos por por sobrevalorar activos del fondo y adquirir créditos deteriorados en el caso Factop, estableciendo multas originales de UF 5.000 (US$$210.000 aproximadamente) cada uno, las cuales fueron rebajadas a UF 4.000 en una apelación posterior.

En su presentación el CDE solicitó rechazar con costas los reclamos de ilegalidad presentados por los directivos, asesorados por Alfredo Alcaíno, Marcelo Giovanazzi y Jaime de la Hoz.

Para el Consejo el activo del Fondo fueron títulos de deuda deteriorados en contra de Inversiones San Antonio de Antonio Jalaff, sociedad que atravesaba una mermada situación financiera e incluso había evaluado someterse a un Procedimiento Concursal.

“Los sancionados actuaron en contra de sus deberes fiduciarios para con el Fondo y sus aportantes, pues, con los aportes reunidos, adquirieron créditos en default a su valor nominal, sin negociar su precio ni considerar descuento alguno por el riesgo de que no fueran pagados, a pesar de tratarse de títulos de deuda deteriorados por juicios, morosidades, intereses, entre otros, lo que, en definitiva, terminó beneficiando a los acreedores de Inversiones San Antonio quienes recibieron el pago íntegro del crédito, en contra de los intereses del Fondo el cual adquirió a un sobreprecio títulos de deuda, repetimos, manifiestamente deteriorados", se lee en el escrito patrocinado por el procurador de Santiago Marcelo Chandía.

Hasta abril de 2022, Antonio Jalaff, fundador de Grupo Patio, formaba parte de un conglomerado que gestionaba activos inmobiliarios. Sin embargo, el empresario atravesaba una grave crisis financiera, ya que su empresa, Inversiones San Antonio, había acumulado una deuda cercana a los 25.000 millones de pesos.

En mayo de 2022, para buscar soluciones a la falta de liquidez de Jalaff, se sumó Larraín Vial AGF. Esta gestora propuso la creación de un fondo de inversión público, al cual podrían ingresar los acreedores de Inversiones San Antonio. Según el CDE, el fondo fue diseñado para ayudar a resolver la situación financiera de la empresa y fue aprobado por los acreedores. Así, los acreedores pudieron reemplazar sus créditos impagos por participaciones en el fondo.

El mismo escrito consignó que “solo un pequeño grupo de acreedores, principalmente aquellos con créditos sin garantías importantes, se unieron al fondo”. Estos acreedores fueron llamados “aportantes de la Serie A” del fondo.

Pero según el CDE, esto no fue suficiente. Para que la operación fuera más viable, Larraín Vial AGF modificó la estructura del fondo, creando una Serie B con la finalidad de atraer más inversionistas. Esto permitiría obtener dinero en efectivo para financiar el fondo.

El fondo adquirió créditos impagos, pero no tenía acciones o participaciones directas en Grupo Patio. Es decir, no existía una opción para “canjear” los créditos de Inversiones San Antonio por acciones de Grupo Patio.

En su respuesta, el CDE advirtió que el Reglamento Interno aprobado por el directorio (de LV AGF), “no consideró ni informó el real objetivo del Fondo, no contuvo ningún antecedente que explicara que los títulos de deuda de Inversiones San Antonio adquiridos por el Fondo tenían asociada una promesa de sustitución por una participación indirecta en la propiedad de Grupo Patio y, los riesgos e incertidumbres inherentes a dicha operación”.

Equity

Sin embargo, “en la práctica nunca existió una opción de canje o conversión del fondo para convertir el activo subyacente que eran créditos en default por un equity, por cuanto no dependía de la voluntad del fondo, esto es, del tenedor del instrumento, ya que lo que se acordó fue una mera promesa de Inversiones Monterey que dependía de la voluntad de terceros que no se encontraban obligados por dicho pacto, entre otros factores ajenos a la mera voluntad del Fondo”.

A su vez, LV AGF “valorizó” inicialmente los títulos de deuda deteriorados de Inversiones San Antonio, como si se trataran efectivamente de un equity, y una participación en la propiedad indirecta de acciones de Grupo Patio, “lo que tendió -indebidamente- a sobrevalorarlos y fue éste valor el que se le entregó a los inversionistas”.

En sus descargos, el CDE sostuvo que LV AGF y sus administradores les informaron a los inversionistas que los activos subyacentes eran un equity (acciones que representaban una participación indirecta en Grupo Patio). Esto a pesar de que la participación en la propiedad indirecta en Grupo Patio no era un hecho cierto, firme, ejecutado ni garantizado.

“De esa forma, los inversionistas, interesados y el Mercado de Valores recibieron una señal falsa, desde que el Fondo y sus activos no correspondían a un equity, esto es, una participación indirecta en acciones de Grupo Patio, ni tampoco éste era realmente su objeto de inversión, pues los activos del Fondo fueron contratos de novación, reconocimientos de deudas y promesa, que eran realmente créditos en default”, consignó el documento.