La empresa pesquera Landes también presentó una demanda indemnizatoria contra el Estado de Chile por perjuicios económicos que atribuye a la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero impulsada durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.

La compañía solicita una compensación de US$ 70,18 millones argumentando que la normativa afectó su patrimonio al modificar la distribución de cuotas de captura, particularmente en la pesquería del jurel.

Landes se suma así a Blumar, empresa que en enero pasado presentó una demanda similar, pidiendo una indemnización de US$ 216 millones.

La acción judicial de Landes fue ingresada el miércoles y acogida por el 22º Juzgado Civil de Santiago, según informó la firma con base en Talcahuano. En el escrito se sostiene que el Estado “desconoció permanentemente la distribución de cuotas establecida en la historia regulatoria pesquera chilena y las reasignó a terceros sin el pago de una indemnización”.

El abogado de Barros & Errázuriz, David Cademartori Gamboa, explicó que “esta es una demanda de responsabilidad extracontractual contra el Fisco de Chile”.

Añadió que “seguimos sosteniendo que la Ley de Fraccionamiento Pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”.

Desde la compañía sostienen que la reducción de cuotas compromete inversiones futuras orientadas al consumo humano y obliga a postergar proyectos como la modernización de su flota y la ampliación de su capacidad de congelado. A su juicio, la situación además introduce “un alto nivel de incertidumbre regulatoria”, lo que impactaría la sostenibilidad del negocio y la generación de empleo.

Según el CEO de la empresa, Andrés Fosk Belan, al Estado no le está permitido disponer de cuotas de pesca que las empresas han construido a través de su historia y que hoy forman parte de su patrimonio “para transferirlas discrecionalmente”.

“Lo ocurrido con esta ley es muy grave. Se tramitó una ley sin sustento, deficiente, y para empujarla, el Gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas”, sostuvo.

Impacto en la pesquería del jurel

La compañía también advirtió que el nuevo fraccionamiento pesquero representa un “golpe” para la pesquería del jurel, la que —según indicó— se encuentra en condiciones de sostenibilidad y enfrenta una oportunidad internacional por la apertura de nuevos mercados.

Fosk señaló que existe una “contradicción” entre el contexto externo y la regulación local. “Es incomprensible que, cuando se nos abre una oportunidad histórica en Europa y Asia, el propio Estado decida limitar a las empresas que pueden capturar, procesar y exportar ese valor”, afirmó. A su juicio, la normativa debilita al jurel chileno y a un sector productivo que opera en regiones afectadas por procesos de desindustrialización, como la del Biobío.

Llamado por mayor certeza regulatoria

El ejecutivo planteó además la necesidad de mayor certeza regulatoria para la pesca industrial. Según indicó, el sector emplea a más de 6 mil personas en el Biobío, “la mayoría de ellas mujeres”, y genera encadenamientos productivos con pymes en comunas como Talcahuano, Coronel, Lota y Tomé.

“Llamamos al próximo Congreso y a la administración entrante a generar condiciones políticas y certezas regulatorias para el desarrollo de la pesca industrial”, señaló Fosk.

El CEO de Landes agregó que la discusión sobre una nueva Ley de Pesca sigue abierta y que, a su juicio, “representa una amenaza más grave aún para nuestro sector”. Por ello, planteó que la próxima administración podría desempeñar “un rol preponderante” en la revisión del proceso legislativo para recuperar estabilidad y fomentar la inversión en la actividad.