Después de 6 años desde la aprobación de la Ley “Chao Cables” en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, finalmente la iniciativa entró en vigencia. La medida busca el retiro ordenado de cables y elementos en desuso para limpiar el espacio público, reducir riesgos de accidentes y mejorar la calidad urbana.

El ex subsecretario de Telecomunicaciones y presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), Rodrigo Ramírez, recuerda que a principios de los 2000, hubo una transición de tecnología: primero el cobre, luego HFC y ahora fibra óptica. “Al desplegar esa infraestructura, mucho cable quedó en desuso, desordenada y no identificada. Antes de la llegada de la ley, esto se hacia de manera voluntaria. Por ejemplo, un alcalde convocaba a las empresas para ordenar la infraestructura”.

Así, explica que esta ley “viene a formalizar un trabajado que se venía haciendo hace bastante tiempo de manera voluntaria. Ahora entra en régimen con sanciones y obligaciones”. Las sanciones por el incumplimiento de la ley van desde las 100 UTM a las 1.000 UTM.

“Esto es a cero costo del usuario. Todo este plan de ordenamiento, gestión, mantención, es a costa de la empresa. Y no verá ningún reflejo en su cuenta”, aclaró.

Ramírez sostiene que no hay reticencias de las empresas respecto a los costos que van a significar para ellas. “Nosotros entendemos que el principal problema público que estamos abordando no es el desuso. La mayor dificultad que tiene la gente es el desorden del cable”, afirmó.

Y apuntó a que “la ley tiene un mal nombre, porque propuso una hipótesis que no existe, que es el chao cables, eliminarlos. Fue una muy mala comunicación pública del gobierno del Presidente Piñera, porque da la sensación de que los cables van a ser soterrados y eso no es así”, criticó.

“El principal trabajo que vamos a tener es identificar, ordenar y mantener”, añadió.

El Plan: ¿Qué comunas irán primero?

Para poder cubrir todo el territorio nacional, Idicam propuso un modelo que permitirá que un solo operador tenga que desplegarse por todo el país, puesto que las compañías no tienen dicha capacidad.

“Aprovechamos las capacidades de las empresas donde tengan más músculo y esas empresas se hacen cargo no solamente de su infraestructura, sino que también se hacen cargo de la infraestructura de terceros (...) Así nos hacemos que cada empresa vaya inmediatamente a todos los lugares”, explica el presidente del gremio.

Para poder implementarlo se firmó un convenio con la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y la Asociación de Municipios Rurales (Amur), además con las distintas empresas que deberán trabajar en el ordenamiento, aunque no sean socios de Idicam.

“La estimación es que esta pega va a durar por los menos tres años, porque son 3 planes anuales considerados en el reglamento”, dice Ramírez. En una primera fase se trabajará con 80 municipios.

Ahora las municipalidades están levantando información, para definir los sectores más complejos, y cuáles tendrán prioridad para iniciar este proceso formalmente, ya con el reglamento en mano. Rodrigo Ramírez dice que con la información que se tiene hasta ahora, será el sector sur de Santiago al cual deberán darle preferencia.

Desde el gremio también estiman que hay otras ciudades que podrían ser críticos por la mayor demanda y cantidad de usuarios, como Concepción, Valparaíso, Antofagasta e Iquique. “Las capitales regionales sí o sí deberían estar en esta ecuación en la primera fase”, aseguró, por lo que el ordenamiento y el retiro de cables en desuso se realizaría en estos lugares antes de septiembre del 2026.

Ya el modelo está avanzado para comunas como Maipú, Huechuraba, Ñuñoa, Talca y Curicó.