Los plazos son acotados. El 29 de noviembre el Presupuesto 2026 debe ser despachado a ley. Por lo mismo, la discusión en el Senado que comienza este jueves a las 12 horas será clave para definir el futuro del erario fiscal, que llega a esta instancia bastante diezmado.

Esto, luego que el martes la Cámara de Diputados lo despachara al Senado con el 42% de las partidas rechazadas. En número, esto se traduce en 14 partidas, mientras que 19 fueron aprobadas. Ahora el Ejecutivo deberá reponer lo rechazado y negociar con los senadores de oposición para destrabar el friccionado Presupuesto.

Y el camino no se ve fácil. Si bien antes de que se iniciara el trámite en la Cámara de Diputados los senadores opositores y el ministerio de Hacienda generaron una instancia técnica para acercar posiciones, los resultados no fueron los esperados, puesto que las críticas y dudas respecto de las estimaciones de ingresos y gastos persisten.

Así, para la oposición el erario fiscal del próximo año está desfinanciado en torno a los US$1.500 millones, por lo que le han solicitado al Ejecutivo un recorte en torno a esa magnitud. Ese monto se descompone de una sobreestimación de ingresos por US$1.000 millones y una subestimación de gastos por cerca de US$500 millones.

Dado este escenario, el punto principal en el que la oposición insistirá este jueves en el Senado es que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, debe abrirse a recortar las proyecciones de ingresos y gasto 2026. Los parlamentarios de ese bloque advierten que se trata de un requisito previo antes de empezar a analizar las partidas.

La presidenta de la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, Ximena Rincón (Demócratas), afirmó que “seguiremos insistiendo en algo que consideramos esencial: las estimaciones de ingresos y gastos. El Presupuesto que presentaron está desfinanciado. Entre los ingresos que estiman y los gastos que proyectan, existe una diferencia que no está financiada”.

Mientras que el senador UDI, Sergio Gahona, planteó que “es irresponsable votar un Presupuesto sin las cifras reales y completas. El gobierno tiene que sincerar los ingresos. En 2024 y 2025 han sobreestimado los ingresos en más de US$4.800 millones por año, lo que hace que los servicios no puedan planificar su caja. Hoy proyectan un crecimiento real de ingresos de 4,7%, con una economía creciendo solo 2,5%. Eso no cuadra, y lo han advertido el CFA y el FMI”.

Gahona añadió que “si Grau mantiene su atrincheramiento, le rechazaremos las partidas, pero aún quedan trámites para corregirlo. En caso de que igualmente haya que rechazarlas, hay que aclarar que los costos permanentes del Estado no están en riesgo, por lo que los servicios esenciales podrían seguir operando”.

El legislador mencionó que “si se rechazan partidas, el gobierno quedaría sin presupuesto para sus gastos variables, que suelen asociarse a gasto más político y programático”.

Para el senador David Sandoval (UDI), uno de los temas esenciales, “puesto que constituye el núcleo de toda esta ley presupuestaria, es el cálculo real de los ingresos, sobre los cuales existen dudas sistemáticas respecto a si dichos ingresos se materializarán. Por lo tanto, representa una fuente potencial de profundos conflictos en cuanto a la ejecución presupuestaria del próximo año”.

Por su parte, el senador RN, José García Ruminot, se sumó a los planteamientos de sus pares y enfatizó que el Ejecutivo deberá “hacer de la discusión presupuestaria un proceso informado, con todos los antecedentes sobre la mesa. ¿Cómo se financiará el reajuste del sector público? ¿A cuánto ascenderá la deuda flotante al 31 de diciembre del 2025 y qué debe pagarse con el Presupuesto 2026? ¿El déficit fiscal estimado es verdadero o esperan que sea el próximo gobierno quien tenga que reconocerlo y asumirlo?”.

Entre las expertas que asesoraron a los legisladores de oposición en la mesa técnica con Hacienda, el énfasis es el mismo. La exdirectora de Presupuestos y actual académica de la Universidad San Sebastián, Cristina Torres, sostuvo que “el principal problema de la propuesta está justamente en la sobreestimación de ingresos. Persisten dudas con las estimaciones de los ingresos tributarios del resto de contribuyentes y la recuperación planteada para el 2026. Dado los antecedentes previos, debió primar un criterio más conservador, sobre todo en la incorporación de mayores ingresos por la Ley de Cumplimiento Tributario”.

A esa opinión se suma la de la investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal, quien afirmó que “es fundamental que el gobierno reduzca su proyección de ingresos, en particular la recaudación esperada de la Ley de Cumplimiento Tributario”. Asimismo, indicó que “por el lado de los gastos, es importante que se consideren todos, por ejemplo, una provisión suficiente para hacer frente a la ley de reajuste del sector pública y de las subvenciones”.

La mirada del oficialismo

Desde el oficialismo, en tanto, llaman a una discusión seria, buscando los acuerdos. “Espero una discusión sin extremismos que terminen recortando beneficios sociales. Lo responsable es reponer las partidas rechazadas. Pero hay que decirlo: la derecha está en una postura extrema y hoy están en riesgo beneficios como el Copago Cero y la gratuidad universitaria”, aseveró el senador PC, Daniel Núñez.

A su vez, el senador DC, Iván Flores, añadió que “lo que ha ocurrido con los rechazos completos de partidas esenciales que tienen instituciones críticas es una jugarreta peligrosa de la derecha. Por eso, esperamos que este jueves, al iniciarse la tramitación en el Senado, se acerquen posiciones, lleguemos a acuerdo, pero para eso el gobierno debe dar muestras concretas. Porque si bien se están reponiendo montos, no ha pasado lo mismo en Salud ni en Seguridad”.

Gasto en igualdad de género

En el marco de la discusión del proyecto de ley de Presupuestos 2026, la Dirección de Presupuestos informó que $19,8 billones (US$21.307 millones) de la propuesta contribuyen a avanzar hacia la igualdad de género de manera directa o indirecta, siendo equivalentes a un 23% de la iniciativa.

En el detalle se muestra que $603.189 millones (US$649 millones) son gastos directos y $19,2 billones indirectos (US$20.662 millones). Esto equivale a un incremento de 3,4% al comparar con el Presupuesto de este año.

También se incluyeron recursos por $4,6 billones destinados a la mitigación, adaptación o acciones mixtas (tanto de mitigación como de adaptación) al cambio climático.