La empresa Altas Cumbres Group, vinculada a Jorge Sánchez Hanisch, solicitó su liquidación voluntaria al 11º Juzgado Civil de Santiago, luego de una serie de eventos que afectaron su estabilidad financiera.

La firma constituida en 2019 y abastece de marcas propias de lácteos a grandes cadenas de supermercados, como Unimarc, Tottus y Cencosud.

Según el anexo que detalla las deudas de Altas Cumbres Group el total de pasivos asciende a $6.316 millones.

A proveedores adeuda $3.730 millones. Entre los principales acreedores en este grupo están: Comercial Paillahue Ltda. ($804 millones); Gutessen SpA ($746 millones) y Fundo Santa Ana SpA ($321 millones).

Sus deudas comerciales alcanzan $2.008 millones, siendo los mayores acreedores: Tanner Servicios Financieros ($424); BCI Factoring ($324 millones) y BancoEstado Factoring ($291 millones).

Por otro lado, a la Tesorería General de la República (TGR), la deudora registra un crédito por $402 millones.

De acuerdo al detalle del inventario presentado por la empresa, esta cuenta con activos que ascienden a $382.426.339. Entre los objetos destacan máquinas de refrigeración y equipos de frio, los que se encuentran ubicados en el Fundo Talhuén, en la comuna de Requínoa, Región de O’Higgins.

Causas de la quiebra

Según se detalla en el escrito presentado por el abogado, Tomás Contreras, la empresa se enfrentó desde sus inicios a hechos que afectaron su pasar económico. En primer lugar, se apuntó a los efectos del estallido social: “Este evento generó disrupciones críticas en las cadenas de suministro y logística, afectando la regularidad de las entregas y aumentando significativamente los costos de producción, operación y distribución”, se lee en el documento.

En segundo lugar, se refirió a la crisis sanitaria: “Sin solución de continuidad, la irrupción de la pandemia por Covid-19 en marzo de 2020 profundizó la crisis, provocando una contracción económica generalizada y alteraciones en los hábitos de consumo que impactaron directamente en la rotación de inventarios y en la planificación financiera de la sociedad”, agrega.

Según se detalla en el escrito presentado por el abogado representante de la causa, Tomás Contreras, la empresa se enfrentó desde sus inicios a hechos que afectaron su pasar económico. En primer lugar, se apuntó a los efectos del estallido social: “Este evento generó disrupciones críticas en las cadenas de suministro y logística, afectando la regularidad de las entregas y aumentando significativamente los costos de producción, operación y distribución”, se lee en el documento.

“Sin solución de continuidad, la irrupción de la pandemia por Covid-19 en marzo de 2020 profundizó la crisis, provocando una contracción económica generalizada y alteraciones en los hábitos de consumo que impactaron directamente en la rotación de inventarios y en la planificación financiera de la sociedad”, agrega.

Pero eso no es todo. En el documento también se menciona que la empresa fue víctima de “inseguridad delictual”, debiendo enfrentar varios robos de mercadería. Asimismo, se señala que los contratos suscritos con las grandes cadenas de supermercados imponían márgenes de ganancia “extremadamente estrechos”, los cuales, debido a la posición dominante de los compradores, “hacían imposible cualquier intento de renegociación de precios o condiciones de pago”.

Como “punto de inflexión”, se menciona la pérdida de contrato de dos marcas propias de grandes retailers y “una crisis terminal en la relación con un proveedor estratégico”.

Frente a esto, según se afirma en la causa, “la administración de la sociedad agotó todos los esfuerzos humanos y financieros para revertir la crisis, incluyendo intentos de renegociación con proveedores, ajustes drásticos en la estructura de costos y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. Sin embargo, la magnitud de la insolvencia ha tornado inviable cualquier plan de continuidad”.