Por Leonardo CárdenasTDLC fija audiencia por acuerdo entre FNE, Glovo y PedidosYa para poner fin a juicio por colusión
El tribunal fijó para el viernes de la próxima semana la audiencia que evaluará el acuerdo que alcanzó la Fiscalía Nacional Económica con Glovo y PedidosYa para poner término al juicio por colusión.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) fijó para el próximo viernes 23 de enero de 2026, a las 10:00 horas la audiencia que revisará el acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Glovo y PedidosYa que busca poner fin al juicio por colusión.
El pasado martes, la agencia antimonopolios solicitó al tribunal citar a una audiencia, luego que las partes involucradas alcanzaran un acuerdo. En el escrito, las partes también incluyeron la propuesta de bases de acuerdo, solicitando que se mantuviera su confidencialidad y custodia por parte de la Secretaria Abogada hasta que se lleve a cabo la audiencia solicitada. Dichas bases fueron entregadas en formato electrónico al tribunal para su revisión.
El documento fue firmado por el fiscal nacional económico, Jorge Gunberg —designado por el gobierno de Gabriel Boric—, así como por los asesores legales de las empresas acusadas: Benjamín Grebe, de Delivery Hero, y Constanza Moreno, de Glovo, ambos socios y asociados del estudio Prieto, respectivamente.
Todo comenzó cuando el 16 de mayo de 2025 la FNE un requerimiento ante el TDLC acusando de colusión a las plataformas de reparto Delivery Hero (matriz de PedidosYa) y Glovo. La acusación se basa en la ejecución de un acuerdo para la asignación de zonas de mercado que abarcó cuatro países, lo que provocó la sorpresiva salida de Glovo del mercado chileno en abril de 2019.
En su investigación, la FNE constató que las empresas acusadas llevaron a cabo la colusión a través de la firma de cuatro contratos de transferencia de activos, todos ellos firmados el 26 de abril de 2019, lo cual trajo como consecuencia la salida de Glovo de Chile y de Egipto, y de Delivery Hero de Perú y Ecuador. Las empresas intercambiaron correos electrónicos en los cuales sus ejecutivos discutieron ajustes a los términos de tales contratos con el fin de no ser sometidos al escrutinio de las respectivas autoridades encargadas de proteger la libre competencia.
Este acuerdo anticompetitivo, enmarcado dentro de un proyecto denominado por las compañías como “Project Green”, contempló la inclusión de cláusulas de no competencia, mediante las cuales se prohibió la participación de estas empresas en los mercados que cedieron a sus competidores durante un plazo de tres años, configurando esto, junto con otros elementos, un aspecto central para mantener en el tiempo el reparto de mercados que pactaron.
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