Sin duda uno de los principales temas de debate ha sido la permisología. Por un lado, hemos visto enérgicas declaraciones pidiendo agilizar los trámites sectoriales; por el otro, columnas de opinión y cartas solicitando cautela en no debilitar la institucionalidad ambiental. No obstante, la raíz del problema era compartida: Chile necesitaba una reforma al sistema. Y aunque esta reforma llegó (Ley N° 21.770), hay elementos que se escaparon de ella y seguirán siendo un dolor para la industria si no existe la voluntad política para avanzar en ellos.

Se nos enseñó, tanto en la discusión pública como en la académica, que el sector privado actuará siempre que no esté expresamente prohibido. A diferencia del sector público, donde solo se puede hacer lo que está escrito. Teóricamente esto es cierto, pero la realidad dista bastante de ello. Y es que existe otra permisología, aquella donde son los vacíos los que no dejan avanzar.

En ese sentido, la incertidumbre regulatoria es tan dañina como la sobrerregulación. Un ejemplo concreto es lo que estamos viviendo con la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (ley REP) y la dificultad de alcanzar las metas de valorización propuestas. Mientras Europa lleva años incorporando plástico reciclado en envases en contacto con alimentos, en Chile la industria no está disponible para avanzar en ello, limitando el avance de las metas REP. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una regulación que establezca reglas claras en este tema, y el miedo a perder la inversión no ha permitido avanzar. Recién –después de más de una década– el reglamento que regula esto salió a consulta pública, gracias al trabajo conjunto del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile y Ministerio de Salud, pero aún queda camino por recorrer para que sea una realidad.

Otro ejemplo es lo que ocurre en el manejo de los residuos peligrosos, donde hoy no existe un procedimiento general para desclasificarlos para su valorización, sino que debe realizarse por producto y región, generando altos costos para el sistema y enlenteciendo la transición hacia una economía circular. Así también ocurre en los sistemas de reutilización, donde la ambigüedad sobre la responsabilidad de la conservación del envase ha desincentivado la innovación del sector privado con este tipo de modelos.

De seguro hay múltiples otros casos y no solo del sector residuos, y es que, para lograr crecimiento y resiliencia en nuestro país, no basta con eliminar trámites. También es necesario regular y dar un marco legal que habilite la inversión. Solo así podremos avanzar en equilibrio: desarrollando nuestra economía y cuidando la salud de las personas y el planeta.

Por Maximiliano Frey, jefe de proyectos del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile