A solo horas de que Chile elija a su próximo gobierno, las propuestas ambientales de los comandos de José Antonio Kast y de Jeannette Jara adquieren un rol clave en definir el rumbo regulatorio, climático y económico de los próximos cuatro años. En este escenario, las respuestas de Ricardo Irarrázabal, vocero ambiental de Kast, revelan la prioridad que su sector le otorga a reformar la evaluación ambiental, acortar sus plazos y fortalecer la autonomía técnica de las instituciones públicas encargadas de regular proyectos.

Irarrázabal plantea que uno de los sellos de un eventual gobierno de Kast sería reducir los tiempos del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que hoy se extienden más allá del año en muchos casos, con el objetivo de “bajar de los 300 días con una gestión bien hecha”.

Otro eje es la creación de una oficina técnica de asistencia que explicite criterios y estándares para todos los actores. Esta instancia, dice, permitiría “entregar asistencia a los titulares de proyectos y a todos los actores del SEIA, con el objeto de explicitar los criterios técnicos de evaluación ambiental, así como de los OAECAS —Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental— principales involucrados”.

También propone un mecanismo de facilitación regulatoria que permita “focalizar la evaluación en las cuestiones que tengan que ver con las causales de rechazo de proyectos, además de simplificar y unificar esas guías e instructivos”.

El vocero insiste en que el sistema precisa de una reforma estructural para evitar interferencias políticas. “Se requiere una modificación legal que implemente, entre otras, recomendaciones para una mayor autonomía del SEA”, sostiene, en línea con consejos de expertos convocados por el Senado.

Sobre la reciente modernización del SEIA —que incorpora inteligencia artificial para búsquedas avanzadas— valora el avance, pero insiste: “La evaluación ambiental es caso específico, por lo que los estándares no pueden ser extrapolados sin fundamentación técnica. Falta todavía que la modernización del SEIA incorpore una plataforma de acceso público que visualice el cumplimiento de los plazos tanto del SEA como de los OAECAS”.

En biodiversidad y Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, Irarrázabal aboga por una aproximación técnica y equilibrada, “incorporando adecuadamente los efectos ambientales, económicos y sociales” y evitando “afectar derechos de terceros”. Sobre el Acuerdo de Escazú, según cuenta, plantea una implementación que “no implique alterar garantías constitucionales como el debido proceso y la igualdad ante la ley”.

Para Daniel Melo, vocero en temas medioambientales del comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara, las prioridades se orientan en una dirección con múltiples aristas. La urgencia climática —aseguró hace algunos días en el debate de Ladera Sur— exige acelerar la adaptación, cumplir los compromisos internacionales acordados como el Acuerdo de París o Escazú y fortalecer los estándares de protección de biodiversidad, incluyendo la implementación robusta del SBAP.

A diferencia del comando de Kast, que insiste en la despolitización del SEIA y la eficiencia regulatoria, la postura de Melo muestra que Chile enfrenta una década crítica y que el foco principal debe estar en aumentar la ambición climática, reforzar la institucionalidad ambiental con acuerdos bilaterales y asegurar que la toma de decisiones incorpore plenamente a la ciencia.

Qué le pediría cada comando al otro en caso de perder

En la última pregunta del debate ambiental de Ladera Sur, Irarrázabal y Melo fueron consultados sobre qué solicitarían al eventual gobierno de oposición si su candidato no resulta electo.

Desde el equipo de Kast, Irarrázabal apuntó a la importancia de mantener criterios técnicos y evitar la politización del sistema ambiental: “Una implementación muy técnica del servicio de biodiversidad y áreas silvestres protegidas”, indica.

Por el comando de Jara, Melo llamó a que —si ganara Kast— se mantenga la continuidad de las políticas climáticas y los compromisos internacionales. “El respeto a los convenios internacionales en materia de cambio climático y de cuidado del medio ambiente en materia de biodiversidad”, concluye.