El relato de esta nueva izquierda que se asoma en partes de la región implica comprender nuestras diferencias como oportunidades de trabajo colectivo. Asimismo, su éxito se basa en ofrecer algo distinto a la receta que la llevó al fracaso electoral (o al autoritarismo) hace una década.

La semana pasada fuimos notificados que la derecha tomará el liderazgo en la campaña por el Rechazo y, con ello, traen consigo las mismas percepciones que han afectado al sector desde el estallido social. Uno de esos problemas es la falta de ideas concretas que puedan competir con el texto que salga de la Convención.

Uno de los objetivos que muchos defendimos durante el proceso constituyente fue que los gobiernos pudiesen, efectivamente, gobernar. Y si bien la propuesta de sistema político tiene algunos pequeños avances en esa materia, la verdad es que siguen siendo insuficientes.

El éxito del proceso constituyente depende de la capacidad que tengan nuestros representantes en la Convención de comprender que la legitimidad se construye en el tiempo, y no sólo en sus actos fundacionales. Algunos ya han comprendido este dilema, pero pareciera no ser suficiente.

A tal punto llegó la obsesión con echar mano a las pensiones, que votar a favor de ellos dejó de ser un activo electoral; al contrario, votar en contra podía significar una derrota. Pero ahora, sin elecciones a la vista y con una economía recalentada, esa obsesión se vuelve el reflejo de una política pobre en proyectos de futuro, justo en medio de la discusión más importante de nuestra generación.

Si el sistema funciona como es esperado, ¿qué lleva a tanto pesimismo? Por una parte, la culpa la tiene la misma Convención, al alzarse como una instancia no “corrompida” por las prácticas políticas tradicionales. Con ello, no asumieron que esas prácticas nacen de años de aprendizaje y costumbres. Sólo ante un plazo fatal parecieran comprender la naturaleza de su misión.

El verdadero riesgo a la legitimidad democrática no es que un voto tenga, justificadamente, más peso relativo que otro, sino que sus autoridades actúen de forma partisana y cuestionen la existencia de otros órganos del Estado.

No nos encontramos, precisamente, ante un gobierno activo en impedir una transición adecuada. Lo que hay es un gobierno que ha dejado su rol en estado de abandono.

"El tono poco colaborativo de algunas comisiones durante la semana pasada permite sospechar que no será fácil integrar indicaciones que armonicen lo ya aprobado. Por otro lado, existimos varios que creemos y confiamos en la labor de la Convención, pero que también entendemos que no es infalible".

Si bien las atribuciones del Ejecutivo nos permiten hablar de un hiperpresidencialismo en términos legales, la consecuencia de nuestro diseño institucional es que los gobiernos no pueden llevar adelante sus programas de gobierno.

La supuesta desconcentración del poder que traería el presidencialismo no es más que una serie de trabas que impiden algo vital en política: que los gobiernos cumplan sus promesas. Con ello, hemos alimentado un espacio de profunda desconfianza en nuestras instituciones.