SEÑOR DIRECTOR:

La Contraloría ha revelado que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica, lo que involucra 35 mil permisos irregulares entre 2023 y 2024. El cruce de datos migratorios, médicos y laborales deja poco margen para la duda: existe un uso abusivo y generalizado de este instrumento.

Esta conducta no puede entenderse sin considerar también a quienes emiten las licencias. En una investigación reciente (Celhay, Figueroa, Guadalupi & Oteíza, 2025, BFI Latam), demostramos que un pequeño grupo de médicos —menos del 1%— era responsable de más del 8% del gasto total por licencias. Una intervención con sanciones logró reducir en más de 40% la emisión en ese grupo, y generó efectos indirectos sobre otros médicos y pacientes, quienes también redujeron el uso fraudulento de licencias médicas. Es decir, la conducta de los pacientes responde, en parte, a los incentivos del sistema.

El resultado es una carga millonaria para el seguro público, una deslegitimación de los mecanismos de protección social y una creciente inequidad entre quienes cumplen las reglas y quienes las eluden.

No bastan sumarios individuales. Se requieren auditorías efectivas, sanciones creíbles y un rediseño institucional que asegure trazabilidad, control automatizado y revisión cruzada entre entidades. También es clave revisar los incentivos financieros que hoy permiten abusos. Sin un marco institucional sólido, cualquier medida será tardía y limitada a contener los síntomas, no las causas.

Carla Guadalupi

Investigadora Instituto de Políticas Económicas

Facultad de Economía y Negocios UNAB