SEÑOR DIRECTOR:

A más de cinco décadas del golpe de Estado, hecho que desmoronó nuestra democracia y propició los vejámenes más profundos contra miles de personas, la memoria resulta fundamental para no repetir; y su resguardo nos permite mirar hacia el futuro con perspectiva.

Aprendimos –de la manera más dolorosa–, el valor fundamental de los archivos para la defensa de los DD.HH. La falta de acceso a los documentos emanados por los órganos represivos del Estado, porque fueron ocultados o destruidos, ha sido uno de los principales obstáculos para avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esto pone en relevancia el valor del resguardo de estos acervos documentales.

El Archivo Nacional de Memoria es una iniciativa estatal inédita, que comenzamos a formular el año 2023 y que pudo ver la luz –enmarcada en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia– en abril de este año. Esta política pública busca reparar a través de la protección de archivos públicos, cumpliendo con la obligación del Estado de poner sus propios documentos al servicio de la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y la no repetición.

Este equipo, en su primera fase, definió la existencia de 36.177 unidades de interés que se encontraban en diferentes instituciones participantes, como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el de Defensa Nacional, el de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, entre otros.

Este archivo no solo resguarda documentos, sino también las voces y recuerdos de miles de personas. Es un espacio vivo que invita a toda la ciudadanía a reflexionar sobre nuestro pasado y a proyectar un futuro con más derechos y dignidad.

Carolina Pérez Dattari