SEÑOR DIRECTOR:

El ingreso del proyecto de reconstrucción nacional permite recordar que toda iniciativa legal atraviesa, al menos, tres fases. Primero, la prelegislativa: construir acuerdos, identificar mínimos comunes y dejar —si no contentos— al menos tranquilos a una parte relevante de los legisladores. Luego, la etapa de anuncio: hablarle a la ciudadanía, ordenar el relato y generar adhesión pública. Finalmente, la fase legislativa, donde el proyecto se juega su destino entre negociaciones, indicaciones y mayorías circunstanciales.

A juzgar por lo conocido, el Ejecutivo parece haber sorteado bien las dos primeras. Se observa un diseño con visión económica y política (parece haber sido buena idea retrasar el ingreso, para fortalecer el trabajo prelegislativo), junto a señales concretas valoradas por la ciudadanía, como la eliminación de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores, la rebaja transitoria del IVA en la compra de viviendas y medidas de protección al empleo formal.

Pero ahora comienza lo más complejo. En el Congreso, no sólo habrá aplausos, habrá actores que buscarán modificar aspectos sustantivos o, derechamente, impedir que la iniciativa prospere. Ahí se medirá la capacidad política del gobierno.

Es ahora cuando el gobierno debe poner en práctica la máxima que dice que comunicar bien es fundamental; pero gobernar, en definitiva, es lograr que las ideas se transformen en ley.

Roberto Munita Morgan

Director de Administración Pública UNAB