SEÑOR DIRECTOR:

La carta de Ezio Costa de la ONG FIMA no se hace cargo del fondo de la cuestión planteada. Lo que se señala es algo distinto y concreto: la capacitación de funcionarios públicos debe realizarse a través de canales institucionales —licitaciones, concursos y organismos especializados— y no por una parte interesada que, al mismo tiempo, impugna y litiga respecto de los mismos proyectos sobre los cuales esos mismos funcionarios deben pronunciarse.

FIMA tiene derecho a representar a comunidades, ejercer acciones legales o participar en campañas comunicacionales en contra de proyectos de inversión. Precisamente por esa condición de actor interesado es que su influencia debe canalizarse por mecanismos transparentes y regulados, como la Ley del Lobby y la participación ciudadana, y no mediante el atajo de capacitaciones que podrían comprometer la institucionalidad ambiental.

Carlos Odebret Beyer

Asociación de Salmonicultores de Magallanes