SEÑOR DIRECTOR:

Con la entrada en vigencia de la Ley Jacinta se introducirán una serie de cambios legales; entre ellos, se duplicarán los montos de indemnización asociados al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Aunque a primera vista esta medida parece una señal positiva para la protección de las víctimas, persiste un problema estructural que amenaza con reducir este avance a un cambio más declarativo que efectivo.

Al mantenerse los pagos referenciados al arancel Fonasa Nivel 3 -un parámetro que no refleja los costos reales de la atención médica-, el impacto efectivo de la norma se ve seriamente limitado, restringiendo el acceso a cirugías complejas, procesos de rehabilitación prolongados y atención psicológica. A ello se suma que este ajuste implicará un encarecimiento de la póliza, sin garantizar una compensación real y oportuna para quienes enfrentan las consecuencias más graves de la siniestralidad vial.

Tal como está planteada, la norma no consiguió materializar el objetivo reparador que inspiró a la Ley Jacinta y abre serias dudas sobre su efectividad real y su impacto en la seguridad vial.

Carlos Larravide

Gerente General de Automóvil Club Chile