SEÑOR DIRECTOR:

La sola mención de la informalidad laboral en la reciente Cuenta Pública es una buena noticia. Si la forma en la que trabajan casi 2,5 millones de personas merece ser destacada en esta instancia, quiere decir que, a lo menos, ya no se esconde bajo la alfombra de desafíos pendientes.

La controversia sobre la baja en la tasa de informalidad es irrelevante al lado de los múltiples retos que comprende su superación. Con todo, es importante mirar las cifras: es la única forma de diseñar políticas públicas que apunten a resolver estructuralmente este problema.

La tasa de ocupación informal en el trimestre móvil febrero–abril de 2025 fue de un 25,8%. Según los datos disponibles del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), esto significa que el país suma 150 mil nuevas personas en la informalidad en el último lustro.

Por esta razón, la interpretación de que la informalidad está siendo reducida eficazmente le resta urgencia al problema. En primer lugar, para fortalecer el apoyo en las múltiples capas que necesitan los millones de familias, muchas a cargo de mujeres, que viven esta realidad en Chile. Es decir, hogares que carecen de acceso a seguridad social, protección y estabilidad económica.

Para avanzar, lo primero es saber de qué hablamos cuando hablamos de informalidad laboral. Sin estigmatizaciones ni sesgos, donde la mayoría son personas honestas que buscan sostener a sus familias y salir adelante por sus propios medios. Son personas que no buscan ser informales, pero el sistema los margina. Esta claridad debiese ser el punto de partida para políticas públicas que realmente mejoren las condiciones laborales, y fortalezcan el tejido social y económico del país.

Mario Pavón

Gerente general Fondo Esperanza