SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de la querella por prevaricación imprudente contra el Sr. Ministro Álvaro Mesa, Presidente de la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco (ICA), recientemente declarada admisible por la ICA de Valdivia, y de los hechos que fundan el libelo -que se remontan a noviembre de 1973- cabe recordar que uno de los contenidos esenciales de la garantía de un racional y justo procedimiento (art. 19 n° 3 inc. 6° Constitución Política), es el de una justicia pronta, de modo que el juzgamiento se emita dentro de un plazo razonable, sin dilaciones indebidas, como ocurre actualmente en el juzgamiento de las causas de DD.HH.

Se dice que el imputado “soporta el proceso” pero al amparo de la presunción de inocencia, un principio que no es inmune al transcurso del tiempo, porque con un juzgamiento pretérito la justificación del ius puniendi y su intervención en los derechos fundamentales del imputado se deteriora, y los daños se tornan irreparables.

La falta o destrucción de pruebas propia del transcurso del tiempo, así como la evidente falibilidad de la memoria humana (testimoniales), no puede ser reemplazada por una conducta del juez que -en aras de la obtención de una condena- finalmente termine en una sentencia eventualmente prevaricadora, sobre todo en casos de responsabilidad mancomunada, donde la tipicidad es un filtro insustituible y las reglas que rigen la intervención delictiva, son una garantía para el imputado respecto de la plena vigencia del Derecho Penal.

Hoy, un fiscal regional tendrá la oportunidad de estudiar un expediente construido al amparo del viejo proceso penal inquisitivo y secreto de 1906. La comparación con el actual proceso penal y sus principios e instituciones será inevitable, sobre todo frente al análisis de la conducta de quien primero tuvo la carga de probar y luego, también de fallar, en base a esa “prueba”.

Carla Fernández M.

Abogada, Derecho Penal-Penitenciario