SEÑOR DIRECTOR:

¿Quién, sino el Estado, está llamado a hacer valer el derecho y garantizar que se cumpla la ley? ¿Qué ocurre cuando no lo hace? Tal es el caso de Alejandro Correa, el cual ha dejado al descubierto la fragilidad del Estado de Derecho en materia de vivienda. Lo que comenzó en 2019 como una demanda de comodato precario contra una empresa de rellenos, sólo estos días parece encaminarse a una conclusión, con la demolición del asentamiento ilegal que ha permanecido allí por más de cinco años.

Pese a que en 2021 la Seremi de Vivienda de Valparaíso declaró ilegal el asentamiento y ordenó su demolición, tardó años en actuar, desobedeciendo incluso un fallo de la Corte de Apelaciones. Se adujeron razones sociales y se terminó cargando a la familia con una responsabilidad que correspondía al Estado. Recién en agosto de este año, el Minvu instruyó al Serviu a ejecutar la demolición, habilitando así la contratación de faenas y el uso de la fuerza pública.

Este largo camino, lleno de omisiones y de desidia estatal, no solo ha prolongado el sufrimiento de una familia víctima de un crimen brutal, sino que ha asentado la idea de que en Chile la ley puede ser letra muerta si la autoridad no actúa. El Estado no puede supeditar su deber de garantizar justicia, orden e igualdad ante la ley a la mera voluntad política.

María Trinidad Schleyer

Libertad y Desarrollo