SEÑOR DIRECTOR:

La experiencia internacional demuestra que muchas organizaciones criminales transnacionales nacieron y se consolidaron al alero de una cárcel. El Tren de Aragua y el Primer Comando de la Capital transformaron los recintos penitenciarios en verdaderos centros de operaciones desde donde proyectaron su poder criminal. Chile no es la excepción.

La evolución de la criminalidad al interior de las cárceles chilenas entre 2014 y 2025 es elocuente. Según cifras oficiales de Gendarmería, se registraron 491 homicidios; las incautaciones de droga aumentaron un 765%; las agresiones, un 55%; las amenazas, un 784%; y las extorsiones, un 5.100%. A ello se suma la capacidad del crimen organizado para corromper funcionarios y coordinar delitos desde los penales hacia el exterior.

Frente a esta realidad, fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia penitenciaria constituye una necesidad estratégica. La información que se genera en las cárceles resulta indispensable para el Sistema de Inteligencia del Estado, pues permite identificar redes criminales y sus vínculos externos, detectar procesos de corrupción y anticipar amenazas contra el personal penitenciario.

Sin embargo, la nueva Ley de Inteligencia Nº 21.821 no dimensionó adecuadamente esta realidad, manteniendo a Gendarmería solo como organismo colaborador del Sistema de Inteligencia del Estado. Ello limita sus capacidades, herramientas operativas y desarrollo institucional.

Si el Estado pretende recuperar el control efectivo de las cárceles, la reforma penitenciaria debe situar la inteligencia y la contrainteligencia penitenciaria como una prioridad estratégica.

Pablo Urquízar M

Coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo UNAB