SEÑOR DIRECTOR:

Algunos creen que en salud pública hablar de eficiencia es incompatible con hablar de derechos. Como si gestionar mejor fuera sinónimo de recortar. No lo es: significa que los recursos lleguen efectivamente a las personas. Que una persona en lista de espera sepa cuándo le toca, en vez de esperar en silencio y sin información. Que un especialista no repita procedimientos por falta de información clínica oportuna.

Eso es lo que debe garantizar un seguro público moderno.

Eficiencia también significa combatir el fraude y priorizar lo que genera más salud. Porque cada recurso mal utilizado tiene un costo humano: alguien espera más, alguien recibe menos, alguien ve postergada una atención necesaria.

Los datos lo confirman. En 2025 se emitieron más de un millón de licencias médicas menos que en 2024, una reducción de 12,9%. El ahorro estimado alcanzó los US$675 millones, y el 68% corresponde a Fonasa, según la Suseso. Esto no ocurre solo: es el resultado de mejor coordinación entre las instituciones del Estado, mayor fiscalización y sistemas de información más robustos.

Otro ejemplo es la actualización de tramos: 1,4 millones de beneficiarios que no cotizaban hace más de 12 meses accedían a bonos privados con un gasto fiscal de cerca de 100 mil millones de pesos en 2025. Corregirlo es una obligación legal y un acto de justicia. Solo en el primer mes, 40 mil personas han vuelto a cotizar.

Chile necesita más inversión en salud, pero también mejores procesos y mayor capacidad de gestión. La falsa dicotomía entre financiamiento y eficiencia solo inmoviliza.

Porque la eficiencia, bien entendida, no reduce derechos: los hace posibles.

César Oyarzo Mansilla

Director de Fonasa