SEÑOR DIRECTOR:

El femicidio es la expresión más extrema de la violencia de género. Hoy existe consenso en que no se trata de hechos aislados ni de una problemática privada: el femicidio es un problema de seguridad pública. Desde esa convicción, como gobierno impulsamos la Ley de Reparación para víctimas de femicidio y sus familias, Ley N° 21.565, liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Por primera vez, bajo este marco legal, el Estado reconoce explícitamente el daño causado por la violencia extrema y asume un rol activo en la reparación, garantizando pensiones para hijas e hijos de víctimas. A la fecha, se han otorgado más de 200 pensiones.

Este avance demanda también responsabilidades permanentes. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de estos derechos y con el fortalecimiento de una institucionalidad capaz de prevenir las violencias de género y de entregar atención especializada y oportuna a mujeres en riesgo. Avanzar hacia una vida libre de violencias no es una opción ni una consigna: es una tarea que no puede desaparecer.

Priscilla Carrasco

Directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y de Género