SEÑOR DIRECTOR:

Los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperger, Paulina Núñez, Alfonso de Urresti y Luciano Cruz-Coke han presentado una moción acertadamente apodada “Ley Mordaza”. De aprobarse, significaría una amenaza inaceptable para la democracia. El proyecto propone penas de cárcel a quien “informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación o, incluso, al hecho de estarse realizando esta”.

Una ley que afecta libertades esenciales debe ser precisa. Este proyecto confunde a quienes tienen deber de reserva con quienes tienen el deber de informar. Si los órganos del Estado tienen problemas para que sus funcionarios cumplan con el deber de reserva, la respuesta lógica es fortalecer dichos controles, no enviar a la cárcel a periodistas y ciudadanos.

Se alega que las filtraciones son intencionadas o vulneran la presunción de inocencia. Pero toda fuente tiene intención. Siempre. Y es el medio quien decide si y cómo publica. La presunción de inocencia es una garantía que el proceso judicial da a los acusados. El periodismo no está obligado a presumir, solo a informar. La ciudadanía no va a suspender su juicio a la espera de que la Justicia termine su trabajo para hacerse una opinión sobre los asuntos relevantes. Y si una publicación difama o afecta la honra, existen leyes que lo regulan.

Las mejores páginas del periodismo —y de la democracia— se han escrito gracias a fuentes valientes y periodistas profesionales. Si cada uno se toma en serio su rol solucionaremos el verdadero problema: se filtra poco y se publica lo que llama la atención.

José Agustín Muñiz Viu

Director Escuela de Periodismo y Comunicaciones, Universidad Gabriela Mistral