SEÑOR DIRECTOR:

En Chile contamos con leyes de salud que, más allá de las legítimas críticas o desafíos del sistema, constituyen un verdadero orgullo país y una garantía concreta para las personas en los momentos más difíciles de sus vidas.

La llamada Ley de Urgencia ha permitido que cualquier persona que sufra un accidente grave sea atendida de inmediato en el centro de salud más cercano, independiente de su previsión o situación económica. En una emergencia, el tiempo es vida, y esta normativa pone en el centro la dignidad humana por sobre cualquier consideración administrativa o financiera.

Del mismo modo, el sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES) asegura cobertura para múltiples patologías prioritarias, entre ellas la atención de pacientes quemados graves. En el caso de los grandes quemados, la ley permite que sean atendidos en cualquier establecimiento que cuente con las capacidades técnicas necesarias, con cargo al Estado. Esto no solo amplía el acceso a tratamiento oportuno y especializado, sino que también reconoce que frente a lesiones de alta complejidad el país debe responder como un solo sistema.

Lo ocurrido hace dos semanas en Renca, tras la explosión de un camión que transportaba gas licuado, con víctimas fatales y numerosos heridos con quemaduras de diversa gravedad, nos recuerda dramáticamente la importancia de estas herramientas legales. En situaciones de esta magnitud, la coordinación entre el sistema público y privado no es una opción, sino una necesidad. La colaboración público-privada permite ampliar la capacidad de respuesta, disponer de más camas críticas, equipos especializados y recursos humanos altamente capacitados.

Es importante valorar y fortalecer estas leyes y esta colaboración, porque representan un compromiso real con la equidad, la solidaridad y la protección efectiva de las personas en los momentos más vulnerables.

Ricardo Roa

Presidente de la SCCP y Jefe de Serv. Cirugía Plástica y Quemados Hospital del Trabajador