SEÑOR DIRECTOR:

Los hechos de Calama, Curicó y otros liceos del país son desgarradores y deben movilizar a toda la sociedad. La violencia en espacios escolares no es aceptable y exige una respuesta seria, urgente y sostenida del Estado. Los proyectos presentados por el gobierno —agravantes penales, sanciones y atribuciones disciplinarias como la revisión de mochilas— no están a la altura del desafío. Improvisados en pocos días, no contemplan recursos ni apoyos para su implementación (según los informes financieros) y trasladan la responsabilidad a las comunidades educativas.

Lo que vemos en Chile es la expresión extrema de una realidad socioeducativa que no hemos enfrentado seriamente: precarización de la vida de los niños en contextos vulnerables, crisis de salud mental adolescente, desmotivación juvenil y erosión de la autoridad adulta, agudizadas tras la pandemia. La escuela no puede hacerse cargo por sí sola de un fenómeno que la trasciende, pero tiene un rol propio que cumplir y que hoy no está siendo apoyado a la medida del momento.

El problema medular de los proyectos es que, tal cual están planteados (sin recursos, protocolos ni políticas complementarias), pueden ser contraproducentes. La evidencia internacional muestra que estas medidas no reducen la violencia y sí pueden deteriorar el clima escolar, estigmatizar y escalar conflictos. Por eso es indispensable acordar una línea de base y una evaluación independiente que permita observar rigurosamente sus efectos. Sin ese paso, el país corre el riesgo de hacer mucho ruido sin proteger a nadie.

Y no partimos de cero: la mayoría de las comunidades educativas sostiene, día a día, una buena convivencia, incluso en contextos muy complejos. De esas experiencias hay mucho que aprender, y es allí donde cualquier política seria debiera mirar primero. Lo que escuelas y liceos necesitan es más capacidad institucional para hacer ese trabajo: directivos con formación para gestionar la convivencia, docentes empoderados y con apoyo permanente, más equipos multiprofesionales y una política intersectorial que asegure atención prioritaria en salud mental adolescente y otras áreas. También necesitan que la educación para la paz y la convivencia ocupe un lugar central en el currículum y la experiencia escolar. No queremos convertir nuestras escuelas en comisarías. Queremos que cumplan, con apoyo, su tarea formativa.

Gonzalo Muñoz S.

Facultad de Educación, Universidad Diego Portales