SEÑOR DIRECTOR:

La preocupación que ha generado el proyecto de ley que sanciona la divulgación de antecedentes en procesos penales es legítima. La democracia se fortalece con prensa libre y ciudadanos informados, no con normas que inhiban la labor periodística ni con castigos al mensajero. Pero también sería un error ignorar el problema real que enfrentamos: filtraciones selectivas que, lejos de transparentar, muchas veces distorsionan procesos judiciales y dañan a víctimas, testigos o imputados, antes de que se establezcan responsabilidades.

No todo lo publicado es justo y no toda reserva es censura. Lo que está en juego es el equilibrio entre el derecho a saber y el derecho a un juicio justo. Cuando la opinión pública se forma a partir de fragmentos estratégicamente expuestos, el Estado de Derecho se tensiona, la presunción de inocencia se desdibuja y los tribunales quedan atrapados en juicios anticipados.

Este debate no puede reducirse a trincheras ideológicas. Más que hacer capotera a los autores de la moción, habría que felicitarlos por desafiarnos a enfrentar una tensión incómoda pero urgente. Las soluciones existen, pero no surgirán si no nos escuchamos. Proteger la investigación y respetar la libertad de expresión no son caminos opuestos. La democracia lo merece. La justicia también.

Tamara Agnic

Socia de Eticolabora – Directora de Empresas