SEÑOR DIRECTOR:

En su columna, Pablo Ortúzar sostiene que nadie puede, de buena fe, afirmar que los procesos constitucionales de 2021 y 2023 fueron equivalentes. Sin controvertir la distancia que separaba ambos textos respecto del carácter refundacional del primero, creo que omite la responsabilidad de quienes condujeron el segundo proceso en su fracaso.

Sea por la crisis de seguridad, por los tropiezos del gobierno o por otras razones dudosamente atribuibles a la inexistencia de un plebiscito, lo cierto es que el pueblo de Chile confió al Partido Republicano una responsabilidad mayor: conducir un proceso constitucional a buen puerto, todo en un escenario en que las encuestas mostraban a la ciudadanía aún indecisa.

Lo más grave de la responsabilidad republicana está, como recuerda Ortúzar, en que existían filtros institucionales para garantizar un buen desenlace: una Comisión Experta que llegó a acuerdos unánimes, bases fundamentales obligatorias y hasta un árbitro para dirimir desviaciones. Aun así, su conducción, por triunfalismo o irresponsabilidad, derivó en un nuevo rechazo.

El fracaso no estuvo escrito en las reglas, sino en la incapacidad de quienes, teniendo todas las condiciones para alcanzar un resultado exitoso, prefirieron actuar imprudentemente. Ese antecedente inevitablemente abre dudas sobre cómo se ejercerían las responsabilidades en un eventual gobierno de José Antonio Kast.

Gonzalo Vásquez Berthelon

Abogado, ex Asesor en la Convención Constitucional y el Proceso Constitucional 2023