SEÑOR DIRECTOR:

La reciente recomendación de aprobar el parque eólico en La Unión, después de más de cuatro años de tramitación, es una noticia alentadora. Sin embargo, no podemos caer en la ingenuidad de pensar que “una golondrina hace verano”. La realidad es que la “permisología” continúa siendo el principal lastre para nuestro desarrollo.

Como ha revelado un informe de la Sofofa y la U. de Chile, la demora en la evaluación ambiental cuesta más de US$2 mil millones y afecta a miles de empleos potenciales. El caso de los 20 alcaldes del Maule, Ñuble y Biobío contra el proyecto de transmisión Itahue-Hualqui, que llegó hasta el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental, es un claro ejemplo de las trabas burocráticas y políticas que paralizan proyectos cruciales.

Necesitamos un marco regulatorio que equilibre la protección del medio ambiente con la agilidad necesaria para la inversión. De lo contrario, seguiremos sacrificando empleos, desarrollo y el potencial de un país que se debate entre la necesidad de crecimiento y la burocracia que lo frena.

Carlos Rubilar Camurri

Consultor en Asuntos Hídricos y Sostenibilidad