SEÑOR DIRECTOR:

Hay un consenso histórico de que la gestión sanitaria es una política de Estado, con una tradición de colaboración. Así ha sido entre gestores tan diversos como Monckeberg y Allende. Hoy más que nunca, ante la estrechez fiscal, la falta de especialistas y las listas de espera, el sistema requiere a los mejores profesionales en el territorio, una tarea que no es fácil ni atractiva.

Resulta contradictorio que, ante la dificultad del Ejecutivo para nombrar autoridades regionales, se excluya a una profesional con credenciales técnicas en un territorio desafiante. Aplicar vetos ideológicos en la dirección hospitalaria es un error: la competencia política debiera expresarse en quién gestiona mejor los recursos públicos para dar el mejor servicio en salud, poniéndo al centro las personas.

Loreto Maturana, directora ADP del hospital con 100% de cumplimiento, subrogó el Servicio de Salud durante 2025, contuvo el gasto y redujo la espera por especialistas a 196 días (de 305 en 2022). Paradójicamente, fue removida por el mismo profesional que ella nombró por mérito técnico en el Hospital Van Buren.

El verdadero éxito de una democracia es que, sin importar quién gane la competencia por el poder, las instituciones creadas por ley para brindar servicios —como los hospitales— se mantengan con calidad óptima. La salud debe ser una política de Estado que trascienda al gobierno de turno, ya que, cuando la politiquería desplaza al talento técnico por razones ideológicas, la democracia deja de ser una competencia de soluciones para convertirse en un juego de suma cero donde, lamentablemente, el que pierde es el ciudadano.

Bernardo Martorell Guerra

Ex subsecretario de Redes Asistenciales