SEÑOR DIRECTOR:

La toma del Cerro Centinela de San Antonio constituye una usurpación planificada profesional e impunemente frente a autoridades y vecinos, que impidió avanzar con el nuevo acceso norte proyectado al Puerto de San Antonio que beneficiaría a todo el país. Si el Fisco avanza en su adquisición no solo costará a los contribuyentes unos $55 mil millones (equivalentes a la exención de contribuciones por un año para unos 75 mil adultos mayores), sino que además validará el tráfico de tierras (delito creciente y consolidado en países vecinos) y la ocupación irregular como estrategia de acceso a la vivienda.

El delito de usurpación se sofistica con el tiempo y la migración irregular, mientras nuestra Ley de Usurpaciones castiga con su máximo rigor sólo las ocupaciones violentas de inmuebles habitacionales, dejando expuestos los terrenos. Quien sufre daño patrimonial por omisión estatal debe resignarse, pero si incurre en deuda tributaria, la Tesorería General de la República puede rematar su bien raíz.

Necesitamos normas que incentiven al Estado a cumplir sus obligaciones. Es más barato prevenir que indemnizar a los propietarios por omisión estatal o que premiar la ocupación irregular de predios.

Demetrio V. Benito O.

Perito tasador